La emergencia nacional que dejó el doblete sísmico del 24 de junio expuso, según Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), la inacción del Estado en su deber de proteger a los más afectados. La ONG concluyó que la respuesta oficial agravó la situación de miles de víctimas en Caracas y La Guaira.

La respuesta oficial quedó corta ante miles de afectados

JEP sostuvo que fallas logísticas, opacidad informativa y obstáculos administrativos profundizaron el impacto de los terremotos. En su evaluación, esas trabas evidenciaron una desarticulación estructural que impidió la asistencia oportuna a las personas golpeadas por la emergencia.

El informe “El Estado abdicó su deber de proteger” describe que familias enteras terminaron buscando a sus parientes con herramientas rudimentarias para remover escombros y trasladando cuerpos sin apoyo técnico ni logístico. En redes sociales, además, abundaron denuncias de que la ayuda gubernamental se activó tres días después de los terremotos.

Burocracia, censura y cobros ilegales, según el informe

La ONG también denunció que el aparato estatal se convirtió en un obstáculo para las víctimas. Entre los señalamientos incluyó la burocratización extrema, el bloqueo al acceso de rescatistas locales y la exigencia de pagos ilícitos que, según el texto, ascienden hasta los 1000 dólares para la entrega de cadáveres a sus familiares.

JEP afirmó que la censura y la opacidad en las cifras oficiales no solo vulneran la libertad de expresión, sino que también agravan el riesgo civil, aíslan a las víctimas y torpedean el auxilio internacional. A su juicio, la asistencia humanitaria no es una concesión del poder, sino un derecho de la víctima y un mandato indelegable del Estado.

La sociedad civil frente a la orfandad estatal

El informe reconoce la voluntad y empatía del pueblo venezolano y resalta el papel de la sociedad civil organizada para documentar, denunciar y acompañar a las víctimas en su exigencia de verdad y justicia.

JEP señaló que el documento no busca solo registrar el desastre de los últimos ocho días, sino también dejar constancia para que la narrativa oficial y la censura no sepulten la memoria de los afectados ni la responsabilidad institucional.