La jueza María Lourdes Afiuni obtuvo libertad plena luego de que la justicia venezolana cerró de manera definitiva el proceso en su contra, informó su familia este viernes. La decisión pone fin a más de 16 años de restricciones desde su detención en 2009.

La familia confirmó el cierre definitivo

En un comunicado, su hermano, Nelson Afiuni, y la representante legal de la familia, Thelma Fernández, señalaron que la medida “pone fin de manera definitiva al proceso” y restituye plenamente su libertad.

Con el cierre del caso también quedaron sin efecto las condiciones que debía cumplir durante su libertad condicional, entre ellas la prohibición de salir de la ciudad, hablar con medios de comunicación o publicar en redes sociales. Además, no podía votar, obtener pasaporte ni ejercer derechos políticos.

Un proceso marcado por detención, arresto y condena

Afiuni fue detenida en diciembre de 2009, después de conceder libertad bajo fianza al banquero Eligio Cedeño, quien posteriormente abandonó Venezuela. Tras su arresto, Hugo Chávez pidió públicamente que la jueza fuera condenada a la pena máxima de 30 años de prisión.

La magistrada permaneció encarcelada hasta 2011, cuando pasó a arresto domiciliario. En 2013 obtuvo libertad condicional.

Seis años después, en 2019, fue condenada a cinco años de prisión por “corrupción espiritual”. La propia fiscalía reconoció que Afiuni no había obtenido ningún beneficio económico por los hechos que se le atribuyeron.

La familia habla de violaciones al debido proceso

La familia de la jueza calificó el cierre del proceso como el final de un “largo y doloroso capítulo” marcado por graves violaciones a los derechos humanos y al debido proceso.

También sostuvo que el caso trascendió la situación personal de Afiuni y se convirtió en un símbolo del deterioro de la independencia judicial en Venezuela.

Aunque valoraron el cierre definitivo del expediente, advirtieron que la decisión no borra el sufrimiento vivido ni repara por sí sola los daños ocasionados durante estos años.

Además, expresaron su expectativa de que el caso sirva para reflexionar sobre la necesidad de reconstruir la independencia judicial en Venezuela y evitar que otros jueces sean perseguidos o amenazados por ejercer sus funciones con independencia.