Caracas. Pese a los piquetes de seguridad y el amedrentamiento de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), un grupo de aproximadamente 20 familiares de presos políticos logró ingresar a la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores este viernes, 7 de agosto, para consignar un documento con sus demandas.
Claves
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Manifestantes rompieron el piquete policial en la avenida Urdaneta para llegar a la Cancillería. -
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Exigen que se permita el ingreso de la CIDH y la Cruz Roja a los centros de reclusión. -
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Denuncian que las excarcelaciones recientes mantienen a los ciudadanos bajo un régimen de libertad condicionada.
Exigen ingreso de la CIDH y la Cruz Roja a las cárceles
La concentración comenzó a las 11:00 a. m. a la altura de la esquina de Carmelitas. En medio de un fuerte despliegue policial, los asistentes alzaron la voz para denunciar tratos crueles, abusos y condiciones inhumanas dentro de los recintos penitenciarios. Al mediodía, los manifestantes avanzaron por la avenida Urdaneta y, tras superar la resistencia de los funcionarios policiales, una comisión del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) logró acceder a la Cancillería.
La solicitud central entregada a las autoridades exhorta al Estado a permitir el ingreso de organismos internacionales, específicamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Cruz Roja, para evaluar las instalaciones carcelarias y verificar el estado de salud de los detenidos. Los voceros advirtieron que el incumplimiento de los tratados internacionales y el distanciamiento del Estatuto de Roma agravan la vulnerabilidad de las víctimas.
A las puertas de la institución, Andreina Baduel, hermana del preso político Josnars Baduel e hija de Raúl Isaías Baduel, criticó la falta de respuestas efectivas por parte de las autoridades. Señaló que, a pesar de la retórica oficial sobre diálogo y apertura, la contestación del Estado sigue marcada por el silencio y la opacidad, aun cuando las denuncias sobre violaciones de derechos humanos han sido entregadas formalmente en reiteradas oportunidades.
La sombra de la libertad condicionada
Durante la jornada, los manifestantes recalcaron que las recientes medidas cautelares y excarcelaciones no representan una libertad real. Los afectados continúan bajo estricta vigilancia, patrullaje constante y prohibición de salida del país, lo que limita severamente el desarrollo de sus vidas cotidianas.
Un ejemplo de esta situación es el de Reinaldo Cortés, profesor universitario y activista social excarcelado en 2023. Cortés relató que, debido a la falta de una amnistía plena, se encuentra en un limbo jurídico que le impide trabajar. Tras ganar un concurso para impartir clases en la Universidad Simón Bolívar, su designación fue cancelada de manera arbitraria por el rector al enterarse de sus antecedentes políticos.
Ante este escenario, los activistas insisten en que la única solución definitiva es la promulgación de una amnistía general por parte de la Asamblea Nacional. Mientras tanto, la organización Foro Penal contabilizó un total de 382 personas privadas de libertad por motivos políticos en el país, de las cuales 158 ya han sido condenadas y 224 permanecen tras las rejas sin una sentencia definitiva.
A pesar de que las gestiones previas ante la Fiscalía y otros despachos públicos suelen concluir sin acuerdos concretos, los familiares aseguraron que mantendrán las movilizaciones en las calles y la presión ante instancias internacionales para visibilizar la situación de los detenidos.
