Quince mujeres de nacionalidades venezolana y colombiana fueron rescatadas por las autoridades españolas tras permanecer retenidas y bajo explotación sexual en varios prostíbulos clandestinos de Sevilla y otras localidades de esa provincia.
El modus operandi de las redes de captación
Las víctimas eran captadas en sus países de origen en Sudamérica, aprovechando su situación de extrema vulnerabilidad económica y social. Una vez trasladadas a España, las organizaciones criminales les imponían una deuda de 7.000 euros para mantener el control absoluto sobre sus movimientos y su libertad.
Las mujeres eran alojadas en viviendas particulares que funcionaban como prostíbulos en condiciones de hacinamiento, insalubridad y total falta de privacidad. Las redes criminales las obligaban a estar disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana. Para captar clientes, los explotadores publicaban fotografías de las víctimas con identidades falsas en plataformas digitales, mientras vigilaban los inmuebles con cámaras de seguridad para detectar la presencia policial.
Allanamiento y detenciones en la provincia de Sevilla
La denominada operación «Munib Calamitas» fue ejecutada de manera conjunta por la Guardia Civil y la Policía Nacional de España. Las fuerzas de seguridad realizaron cuatro allanamientos en los municipios de Utrera, Gelves, San Juan de Aznalfarache y la ciudad de Sevilla, logrando la detención de 15 personas vinculadas a estas mafias.
A los detenidos se les imputan cargos por trata de seres humanos con fines de explotación sexual, favorecimiento de la prostitución, delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y de los trabajadores, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y tráfico de drogas.
Durante los registros, los funcionarios incautaron teléfonos móviles, registros de contabilidad de la actividad ilícita y 10.000 euros en efectivo. Asimismo, las investigaciones financieras permitieron el bloqueo de 15 cuentas bancarias con un saldo global superior a los 30.000 euros y la inmovilización de tres propiedades inmobiliarias utilizadas para ocultar las ganancias delictivas.
En el procedimiento participaron la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Sevilla (a través de su área de delitos contra las personas) y la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif) de la Policía Nacional de España.
