La organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que un total de 8.192 reclusos perdieron la vida en los centros de reclusión de Venezuela durante los últimos 15 años. Este lapso coincide con la existencia del Ministerio Penitenciario, un organismo cuya gestión es señalada por la falta de resultados y la improvisación en el manejo de la población carcelaria.

La organización publicó el registro y señaló directamente a los funcionarios que han estado al frente de esa cartera desde su fundación: Iris Varela, Mirelys Contreras, Celsa Bautista y Julio García Zerpa. Para la ONG, el problema penitenciario en el país no radica en la existencia de las prisiones o de la población penal, sino en la forma en que han sido gerenciadas por las autoridades de turno.

Falta de atención médica y enfermedades prevenibles

El informe anual de 2025 elaborado por la organización documentó 181 muertes bajo custodia estatal. Entre las causas más recurrentes de estos fallecimientos se encontraron afecciones cardiovasculares, problemas cardiorrespiratorios, falla multiorgánica y shock hipovolémico.

La situación crítica se mantiene, pues los registros parciales de 2026 dan cuenta de al menos 51 reclusos fallecidos entre abril y julio. Muchos de estos internos padecían patologías prevenibles o tratables, tales como tuberculosis, deshidratación severa y diarreas agudas. La organización advirtió que estas condiciones de salud difícilmente habrían provocado la muerte de los reclusos si hubiesen recibido una atención médica oportuna y adecuada dentro de los internados.

Exigen investigación penal y rendición de cuentas

Ante este panorama, el observatorio enfatizó que la rotación de funcionarios, el diseño de planes temporales o la expansión de las estructuras burocráticas no resuelven las fallas estructurales del sistema. Por ello, instó a la Fiscalía a iniciar investigaciones transparentes, exhaustivas e imparciales sobre cada uno de los casos reportados.

El llamado también fue dirigido a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público, con el fin de determinar si existieron omisiones graves, retrasos en la asistencia médica o demoras injustificadas en los traslados hacia centros hospitalarios. Asimismo, se exhortó a los jueces de ejecución del Poder Judicial a vigilar de cerca las condiciones de reclusión. La organización recordó que cuando un ciudadano muere bajo custodia por falta de atención médica, el Estado tiene la obligación constitucional de explicar el suceso y tomar medidas inmediatas para evitar nuevas pérdidas.