Los terremotos ocurridos esta semana no solo dejaron una tragedia humana de dimensiones aún difíciles de cuantificar: también cambiaron por completo el mapa económico de Venezuela. Hasta hace unos días, la discusión giraba en torno al crecimiento, la deuda externa, la estabilización cambiaria y una posible recuperación gradual. Ahora, la prioridad es impedir que el desastre destruya buena parte del capital físico y humano del país.
El costo va mucho más allá de carreteras, hospitales y viviendas
La evidencia internacional citada en el texto señala que un terremoto de gran magnitud puede generar pérdidas equivalentes a entre 3% y 10% del PIB, según el daño físico y la capacidad del Estado para responder. El golpe, además, no se limita a la reconstrucción de infraestructura: también afecta productividad, empleo, ingresos fiscales, cadenas logísticas y confianza.
Miles de empresas pueden interrumpir operaciones, las familias posponen decisiones de consumo e inversión y la actividad económica pierde dinamismo durante meses o incluso años. Las expectativas de los agentes, añade el análisis, quedan marcadas por un sentimiento generalizado de pérdida e incertidumbre.
La fragilidad institucional agrava el impacto
La literatura económica citada en la nota coincide en que el efecto de un desastre natural depende menos de la intensidad del fenómeno que de la fortaleza institucional del país afectado. Las economías con Estados sólidos suelen absorber el choque inicial y recuperarse más rápido; en cambio, en los Estados frágiles, el desastre puede transformarse en una crisis económica prolongada.
En el caso venezolano, el texto sostiene que durante años el país perdió capacidad fiscal, técnica y operativa. La prolongada crisis económica y la hiperinflación empujaron al país a un escenario de “sálvese quien pueda”, mientras la debilidad en infraestructura básica, servicios públicos y red hospitalaria ya era visible antes del sismo.
Reconstruir requerirá más que dinero
La reconstrucción, advierte el análisis, exigirá planificación, ingeniería, capacidad de contratación, supervisión técnica y una administración pública capaz de coordinar miles de proyectos al mismo tiempo. Aun así, el texto subraya que la sociedad civil, el sector privado, las ONG, las iglesias y las universidades han mostrado resiliencia y capacidad de respuesta durante años de crisis, como ocurrió en la pandemia y en las inundaciones de Las Tejerías.
La conclusión central es que Venezuela no podrá enfrentar sola este desafío. Harán falta asistencia técnica, equipos especializados, hospitales de campaña, infraestructura temporal, créditos de rápido acceso y mecanismos internacionales de coordinación. El restablecimiento de relaciones con organismos financieros internacionales abre, según el texto, una ventana para esa cooperación, que ya no sería un complemento sino una condición necesaria para la recuperación.
La otra lección que deja la tragedia es política: la reconstrucción requiere un liderazgo con legitimidad democrática, capacidad para construir consensos y una hoja de ruta que permita alcanzar acuerdos amplios. Sin instituciones legítimas, reglas claras y respaldo internacional y privado, ningún programa de reconstrucción será sostenible.
Por eso, el terremoto no solo movió la tierra. También desplazó el horizonte económico del país y puso la reconstrucción en el centro de la conversación nacional.
