La reciente circular de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora obligó a las compañías a asumir una cobertura de emergencia que no estaba prevista en los contratos originales de salud y accidentes personales, según la experta en seguros y expresidenta de la Cámara de Aseguradores de Venezuela, María del Carmen Bouffard.

En entrevista concedida a Unión Radio, la especialista explicó que el escenario añade presión al mercado nacional, porque estas pólizas suelen excluir los riesgos por catástrofes naturales por su propio diseño financiero.

Una cobertura no prevista en el diseño de las pólizas

Bouffard sostuvo que la medida gubernamental, orientada a dar atención médica inmediata a los heridos por el doble sismo del 24 de junio, exige una respuesta técnica distinta a la que contemplan estos productos.

“Es una exclusión en las pólizas, las compañías no tienen la previsión ni tienen unas inversiones para poder soportar este tipo de riesgos”, dijo.

La especialista agregó que la orden puede tener efectos sobre la liquidez de las aseguradoras, por lo que consideró necesario seguir de cerca su impacto financiero.

Sudeaseg debe vigilar la liquidez del sector

Frente a esa situación, Bouffard llamó a la superintendencia a actuar como garante de la sanidad del sector asegurador y de la liquidez.

Pidió que el organismo esté “muy atenta” y monitoree de cerca el efecto de la instrucción, además de tomar medidas oportunas para que la cobertura ordenada pueda ser viable para las compañías.

Entre las opciones que planteó mencionó la liberación o el reajuste temporal de las reservas operativas, así como incentivos fiscales como exenciones, exoneraciones o rebajas tributarias para mitigar el impacto económico directo sobre el sector privado durante la emergencia.

Automóviles y viviendas, con realidades distintas

La expresidenta de la CAV también diferenció el alcance de la contingencia en otros ramos patrimoniales.

En automóviles, precisó que la cobertura contra eventos sísmicos no se aplica por decreto, sino que depende de una extensión opcional y de lo pactado en cada contrato individual.

Sobre las viviendas, lamentó los bajos índices de aseguramiento habitacional en el país y lo atribuyó a la crisis económica, que ha llevado a muchas familias a priorizar el gasto en salud antes que la protección patrimonial de sus casas.