Los terremotos que sacudieron a Venezuela dejaron un país distinto en cuestión de horas. Con una cuenta preliminar todavía incompleta, el saldo apunta a miles de muertos, heridos y desaparecidos, además de un golpe severo sobre viviendas, servicios e infraestructura.
La magnitud del desastre, según los primeros reportes citados, también abre un desafío mayor: cómo organizar una reconstrucción que no se limite a reparar daños, sino que permita rehacer capacidades institucionales y productivas en medio de una crisis profunda.
Un saldo humano y material que supera la escala habitual
Las cifras preliminares son devastadoras. Se registran 254 edificaciones con daño total, 325 con daño severo y 346 con daño parcial. En el plano humano, el balance reportado es de 1450 fallecidos, 3150 heridos, 12 721 familias damnificadas y más de 50 000 personas desaparecidas.
El texto subraya que se trata de números todavía sujetos a revisión y que probablemente no alcanzan para capturar la dimensión completa de la tragedia. Aun así, bastan para dimensionar uno de los choques más duros de la historia contemporánea del país.
En lo económico, la primera estimación apunta a daños directos por 8000 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente 7 % del PIB. La recuperación integral de la infraestructura pública, el aparato productivo, las viviendas, los servicios básicos y la capacidad operativa del país podría requerir cerca de 20 000 millones de dólares.
La reconstrucción exige coordinación, legitimidad y un plan común
El planteamiento central es que Venezuela no podrá salir adelante solo con recursos. Harán falta maquinaria, hospitales de campaña, equipos de rescate, ingenieros, técnicos, financiamiento multilateral y cooperación internacional. Pero, sobre todo, hará falta capacidad de coordinación, confianza y legitimidad.
El texto sostiene que la experiencia internacional muestra que el futuro de una nación tras una catástrofe depende de la calidad de su respuesta colectiva. Cita como referencia los casos de Chile, Japón y Nepal, donde la reacción institucional permitió ordenar prioridades, sostener la reconstrucción y canalizar ayuda. También advierte sobre Haití, donde la debilidad estatal y la dispersión de la cooperación agravaron la crisis posterior al terremoto de 2010.
Desde esa lectura, la propuesta es clara: un gran pacto nacional para la reconstrucción. Ese acuerdo debería incluir a autoridades nacionales, gobernaciones, alcaldías, oposición, Fuerza Armada, sector privado, trabajadores, universidades, iglesias, organizaciones sociales, comunidades afectadas, organismos multilaterales y la diáspora venezolana.
La idea concreta sería crear una autoridad nacional para la reconstrucción, con mandato temporal, reglas claras, participación plural y supervisión independiente. Su tarea, según el texto, sería levantar un registro nacional de daños, coordinar la ayuda humanitaria y financiera, diseñar el plan de reconstrucción física y productiva, y garantizar mecanismos de auditoría nacional e internacional.
Reconstruir no es volver atrás, sino evitar repetir la fragilidad
El artículo advierte que el objetivo no debe ser simplemente levantar lo que cayó. La reconstrucción tendría que apuntar a infraestructura antisísmica, planificación urbana, formalización de propiedad, financiamiento habitacional, recuperación de servicios básicos, fortalecimiento de hospitales, reconstrucción de escuelas, apoyo a pequeñas empresas y protección social para las familias damnificadas.
También insiste en que los 20 000 millones de dólares estimados no deberían verse solo como un costo. Bien administrados, podrían convertirse en el mayor programa de inversión pública y privada de las últimas décadas; mal administrados, en otra fuente de frustración, corrupción y pérdida de legitimidad.
La tesis final es que la reconstrucción venezolana dependerá de quién decide cómo se invierte, bajo qué reglas y con qué controles. Si el proceso se maneja con transparencia, inclusión y sentido nacional, puede abrir una nueva etapa. Si no, profundizará la crisis.
