Más de dos décadas antes de la tragedia del 24 de junio, Japón ya había puesto sobre la mesa un diagnóstico incómodo: Caracas y Vargas enfrentaban un riesgo sísmico extremadamente alto y, sin prevención urgente, un gran terremoto podía dejar miles de muertos, decenas de miles de damnificados y buena parte de la infraestructura crítica en el suelo.

Aquel estudio, entregado al entonces presidente Hugo Chávez, volvió a cobrar fuerza tras el desastre que enluta al país y reabrió la pregunta sobre qué ocurrió con las recomendaciones que contenía.

El estudio que anticipó el peligro en Caracas y Vargas

El documento se tituló “Estudio sobre el Plan Básico de Prevención de Desastres en el Distrito Metropolitano de Caracas” y fue elaborado entre 2003 y 2005 por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), con apoyo de Funvisis y diversas instituciones venezolanas.

La investigación fue financiada por el gobierno japonés como respuesta a la tragedia de Vargas de 1999 y fue entregada oficialmente a Chávez, según quedó registrado en fotografías de la época. No se trataba solo de un diagnóstico: el informe proponía un plan maestro para reducir el impacto de un terremoto de gran magnitud mediante inversiones, planificación urbana, reforzamiento estructural y preparación de los organismos de respuesta.

Las cifras que mostraban una ciudad expuesta

Los especialistas japoneses concluyeron que Caracas era una ciudad altamente vulnerable. Para ese momento, el Distrito Metropolitano albergaba 3,09 millones de habitantes, de los cuales 1,4 millones vivían en barrios, es decir, más del 51 % de la población.

El problema no era solo demográfico. Esos asentamientos ocupaban apenas el 20 % del área urbanizada, lo que generaba niveles extremos de hacinamiento. En algunos sectores, la densidad superaba las 1.000 personas por hectárea, una condición que dificultaría enormemente cualquier evacuación o rescate tras un gran terremoto.

El estudio también advirtió que la geología del valle agravaba el peligro. Amplias zonas de Caracas y Vargas estaban asentadas sobre depósitos sedimentarios capaces de amplificar las ondas sísmicas, un fenómeno conocido como “efecto de sitio”. En otras palabras, un mismo terremoto podía sentirse con mucha mayor intensidad en determinadas áreas debido al tipo de suelo, elevando el riesgo de colapso de edificaciones.

Lo que podía pasar si llegaba el gran sismo

Para medir las consecuencias de un evento de gran magnitud, JICA simuló cuatro escenarios, tomando como referencia los terremotos de 1812, 1878, 1967 y uno hipotético asociado a la falla Tacagua-El Ávila.

En el escenario equivalente al terremoto de 1967, los resultados eran contundentes: más de 10.000 edificaciones sufrirían daños severos o colapsarían por completo, cerca de 1,9 millones de toneladas de escombros bloquearían calles y avenidas, y unas 76.400 personas perderían sus viviendas y necesitarían refugios temporales de manera inmediata.

El informe identificó además las construcciones con mayor probabilidad de desplomarse. Señaló que las viviendas autoconstruidas en los barrios, especialmente las de más de tres pisos levantadas sin cálculos estructurales ni criterios sismorresistentes, concentraban el mayor riesgo de colapso mortal.

También advirtió sobre la ocupación de laderas inestables y cauces de quebradas, una combinación que podía desencadenar deslizamientos y flujos de escombros durante un evento sísmico. Los mapas de vulnerabilidad ubicaban los mayores niveles de riesgo en amplios sectores del municipio Libertador y Petare, donde coincidían la precariedad de las viviendas, la alta densidad poblacional y las dificultades de acceso para los equipos de emergencia.

La hoja de ruta que dejó Japón

Lejos de limitarse a advertir sobre el problema, Japón presentó una hoja de ruta detallada para enfrentarlo. El documento establecía como máxima prioridad reforzar sísmicamente el 100 % de los hospitales principales, centros de comando gubernamental y escuelas públicas, para que permanecieran operativos durante las primeras 72 horas después de un terremoto.

También proponía almacenar reservas estratégicas de agua, alimentos y medicinas suficientes para atender a decenas de miles de desplazados, crear rutas de evacuación, fortalecer los sistemas de comunicaciones de emergencia y prohibir nuevos desarrollos habitacionales en zonas catalogadas de alto riesgo geológico, promoviendo la reubicación progresiva de la población expuesta.

Los especialistas japoneses fueron aún más enfáticos al afirmar que el reforzamiento sísmico de las edificaciones era “la única manera cierta para salvar las vidas de la gente en caso de un terremoto”, por lo que la calificaron como la política más importante de todo el plan de prevención. Además, recomendaron la creación de un Plan Nacional de Prevención y Mitigación de Desastres, al considerar que Venezuela carecía de una estrategia integral que coordinara a todas las instituciones responsables de responder a una emergencia de gran magnitud.

Dos décadas después, el desastre del 24 de junio devolvió vigencia a esas advertencias. El informe dejó constancia de que el Estado recibió un diagnóstico técnico detallado y recomendaciones concretas para reducir el impacto de un gran terremoto, pero la magnitud de la tragedia evidenció que muchas de esas medidas nunca se materializaron o resultaron insuficientes.