Tribunal de apelaciones autoriza a Trump a reanudar deportaciones aceleradas

Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos autorizó este martes al Gobierno de Donald Trump a retomar en todo el país el procedimiento de deportaciones aceleradas, una medida que inicialmente estaba pensada para personas detenidas al cruzar la frontera y que podían ser expulsadas sin comparecer ante un juez.

Decisión por mayoría

En una votación de dos contra uno, los tres magistrados del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia concluyeron que la ampliación de ese mecanismo no vulneró los derechos de los inmigrantes.

La orden impulsada por Trump al inicio de su segundo mandato instruyó al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) a aplicar la llamada expulsión acelerada a todos los extranjeros que no pudieran demostrar que llevan menos de dos años en el país, sin audiencia ante un juez de inmigración.

Tradicionalmente, este proceso se usa para indocumentados detenidos cerca de la frontera sur y, por lo general, son devueltos a México en los días siguientes a su arresto. Con la nueva directriz, los agentes de ICE pueden ejecutarla también sobre personas detenidas lejos de la frontera.

Argumentos de la corte

El juez Justin R. Walker, designado por Trump, redactó la opinión de la mayoría y contó con el respaldo de la jueza Neomi Rao, también nombrada por el mandatario estadounidense. En su escrito, Walker sostuvo que la discusión no giraba en torno a posibles fallas de funcionarios al aplicar la medida, sino a si la propia política escrita era ilegal.

La decisión representa un respaldo a la agenda migratoria de la Casa Blanca y responde a una demanda presentada por Make the Road New York, organización que alegó que la orden era inconstitucional porque violaba el debido proceso.

Walker consideró además que la directriz presidencial no deja a los extranjeros sin una oportunidad significativa de ser escuchados.

En desacuerdo, el juez Robert L. Wilkins, designado por el expresidente Barack Obama entre 2009 y 2017, afirmó que ICE y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no refutaron que, al aplicar esa política, se habían deportado personas que llevaban más de dos años en territorio estadounidense.