Un grupo de trabajadores y organizaciones no gubernamentales denunció al Estado venezolano ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas por la presunta violación de su derecho a acceder a la justicia, tras casi tres años sin respuesta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre una acción de amparo vinculada con el derecho a un salario suficiente.
La denuncia ante Naciones Unidas
En un comunicado difundido por la oenegé Surgentes, los peticionarios solicitaron que la ONU declare admisible la denuncia y reconozca la imposibilidad material de obtener justicia en el ámbito interno, a su juicio por la conducta del Estado. También pidieron que se constate la violación del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos por una denegación de justicia continuada.
Además, plantearon que se ordene como medida de reparación inmediata el acceso completo a copias del expediente judicial, la admisión del recurso y un pronunciamiento motivado sobre el fondo por parte del TSJ. También solicitaron que se inste al Estado a realizar reformas para evitar el llamado silencio procesal.
El origen del reclamo
El reclamo se remonta al 25 de julio de 2023, cuando los peticionarios introdujeron una acción de amparo constitucional ante el TSJ. El recurso buscaba protección frente a las omisiones del Ejecutivo relacionadas con el aumento del salario mínimo y con la política de bonificación del ingreso, que —según el comunicado— anula de facto el derecho a las prestaciones sociales, el bono vacacional y las utilidades.
