La Corte Interamericana de Derechos Humanos recibió este 17 de junio los alegatos orales finales en el caso de Óscar Pérez, en una audiencia pública en la que se debatieron denuncias de ejecución extrajudicial, persecución y violaciones a los derechos de las víctimas y sus familiares en la llamada masacre de El Junquito.
Audiencia ante el tribunal internacional
Durante la sesión, el tribunal escuchó a representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del Foro Penal, del Kennedy Human Rights Center y de la madre de Abraham Israel Agostini. En el expediente figuran como víctimas Óscar Pérez, José Alejandro Díaz Pimentel, Jairo y Abraham Lugo Ramos, Daniel Soto y Lisbeth Ramírez, quienes murieron el 15 de enero de 2018.
El caso ingresó a la Corte el 11 de octubre de 2023. Los magistrados otorgaron plazo hasta el 17 de julio para que los representantes de las víctimas presenten por escrito los alegatos finales, además de información sobre los costos del proceso y sobre posibles reparaciones. Venezuela no envió un representante a la audiencia.
Planteamientos de la Comisión y del Foro Penal
Gloria de Mees, relatora para Venezuela de la CIDH, lamentó la ausencia de un agente del Estado venezolano y ratificó los señalamientos de la Comisión sobre el uso desproporcionado de la fuerza contra el exinspector del Cicpc y su grupo. También sostuvo que hubo destrucción de pruebas, ausencia de investigación sobre las muertes y persecución contra las familias.
Alfredo Romero, presidente del Foro Penal, indicó que su planteamiento ante la Corte se apoya en los principios de legalidad, necesidad absoluta y proporcionalidad que deben regir este tipo de operaciones estatales. Al iniciar su intervención presentó dos videos: en uno se ve a Óscar Pérez, con sangre en el rostro, pidiendo que cesaran los disparos para poder entregarse; en el otro, funcionarios solicitando detener el fuego para el ingreso de equipo táctico a la vivienda donde permanecía el grupo.
Sobre la legalidad, Romero afirmó que no existió un fin legítimo y recordó declaraciones de Nicolás Maduro en ese momento, cuando pidió «plomo para los terroristas». Añadió que hubo una «orden expresa de eliminar a estas personas, aniquilar a este grupo que había adquirido una posición notoria en Venezuela».
En cuanto a la necesidad absoluta y la proporcionalidad, sostuvo que no se emplearon recursos para proteger la vida de los involucrados, pese a que ya habían expresado su intención de rendirse. Señaló además el despliegue de más de 500 funcionarios y el uso de armamento pesado, como un lanzacohetes RPG7 de origen soviético.
Romero concluyó que, a su juicio, «no es muy difícil determinar que estas personas fueron asesinadas de manera ilegítima». También sostuvo que hubo familiares a quienes se les violó la dignidad y otros derechos fundamentales, que fueron «perseguidos, intimidados y obligados a salir del país», y que no hubo investigación ni transparencia sobre las muertes.
El dirigente del Foro Penal afirmó además que todo esto ocurre en un contexto en el que, en Venezuela, «no existe independencia del poder judicial». También consideró probable que el Estado no se presente en el proceso y que no acate una eventual decisión del tribunal.
Argumentos del Kennedy Human Rights Center
Angelita Baeyens, del Kennedy Human Rights Center, hizo un repaso del caso y subrayó que el poder coercitivo del Estado no es ilimitado. Aseguró que la fuerza letal no puede usarse como mecanismo de represalia, como sustituto de la justicia ni como herramienta para asegurar la eliminación de una persona.
La abogada explicó que la rendición de Óscar Pérez y el resto del grupo modificó por completo la relación jurídica entre el Estado y esas personas. A partir del momento en que alguien deja las armas, manifiesta su intención de entregarse y deja de representar una amenaza letal inmediata, el Estado debe cesar de inmediato el uso de la fuerza letal, sostuvo.
Baeyens agregó que una persona rendida, herida, inmovilizada, capturada o fuera de combate deja de ser una amenaza que pueda ser neutralizada y pasa a estar bajo una protección estatal reforzada. En esas condiciones, continuar atacándola no puede justificarse como un enfrentamiento armado ni como una operación legítima de seguridad, afirmó.
La representante del Kennedy Human Rights Center señaló que la operación en la que murieron las siete víctimas fue planificada y que el Estado recurrió a la fuerza letal cuando existían alternativas menos lesivas. Para respaldar su posición, mencionó tres elementos: las víctimas estaban rodeadas y bajo control efectivo de las fuerzas estatales, ellas mismas comunicaron su intención de entregarse y la respuesta oficial fue desproporcionada.
Baeyens planteó que esos hechos deben llevar a la Corte a determinar la responsabilidad internacional del Estado venezolano bajo los artículos 4 y 5 de la Convención Americana, así como los artículos 1 y 5 de la Convención Interamericana para Prevenir la Tortura.
Efectos sobre las familias y nuevas detenciones
La abogada también advirtió que la violencia estatal no terminó con los disparos, sino que se extendió antes y después de las ejecuciones contra los familiares de las víctimas. Como ejemplo, mencionó a la esposa de José Díaz Pimentel, quien estuvo detenida seis meses en el Sebin Helicoide y, según dijo, fue víctima de torturas.
Según expuso, las ejecuciones extrajudiciales, el hostigamiento y la persecución provocaron la desintegración de las familias y un desplazamiento forzado, con un impacto particular en los hijos de las víctimas. Citó el caso de José Alexis Díaz, quien tenía 13 años cuando asesinaron a su padre, José Díaz Pimentel; quedó al cuidado de sus abuelos, perdió luego a su abuela y terminó en situación de calle antes de verse forzado al exilio, donde continúa enfrentando su situación legal.
También se refirió a las circunstancias de la muerte de Lisbeth Ramírez, la única mujer del grupo. Indicó que era pareja de Abraham Lugo y que solo estaba de visita cuando ocurrió la masacre. De acuerdo con el testimonio de su hermana, incorporado al expediente, un trabajador de la morgue que ayudó a preparar el cuerpo le dijo que Lisbeth estaba embarazada de tres meses y que recibió varias puñaladas en el vientre.
Los abogados mencionaron además más de 40 detenciones relacionadas con el caso. Alfredo Romero aseguró que esas personas también fueron víctimas de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas. Entre ellas, señaló a Frank Cabañas, quien permanece detenido y sin sentencia por un tribunal venezolano.
