La ONG Acceso a la Justicia advirtió que el decreto de Estado de Emergencia firmado por Delcy Rodríguez tras los terremotos del 24 de junio no se ajusta a la Constitución venezolana y podría vulnerar garantías ciudadanas.

La ONG dice que el decreto no encaja en el marco constitucional

La organización señaló que, al no estar sustentado en el artículo 338 de la Carta Magna, que exige declarar un “Estado de Alarma” para este tipo de calamidades, no sería viable aplicar restricciones temporales al ejercicio de derechos constitucionales, como prevé el artículo 6 del decreto presidencial.

Acceso a la Justicia también indicó que tanto la Ley Orgánica de Estados de Excepción como la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación exigen la declaratoria de un Estado de Excepción para hacer requisiciones, por lo que consideró inconstitucional su inclusión en el decreto de Estado de Emergencia.

Requisiciones, controles y una vigencia que no quedó clara

Según la ONG, el artículo 6 autoriza al Ministerio de Interior, a cargo de Diosdado Cabello, a dictar y ejecutar la ocupación temporal de instituciones y establecimientos públicos y privados, lotes de terreno o áreas requeridas para atender a la población afectada, además de requisar bienes y servicios indispensables.

El observatorio sostuvo que un acto administrativo como ese “no tiene la jerarquía jurídica para restringir Derechos Humanos como el derecho a la propiedad” y advirtió que, al evadir la obligación de promulgar un Estado de Alarma, se burlan los controles político y judicial que deberían ejercer el Parlamento y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

La asociación civil también alertó que el decreto no precisa su vigencia, una omisión que, a su juicio, puede volver indefinida su aplicación, incluso más allá de la emergencia. “Lamentablemente, el decreto transformó una medida de protección civil en un acto que vulnera garantías ciudadanas”, denunció.

En el marco de esta orden, Delcy Rodríguez nombró al comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, Juan Ernesto Sulbarán Quintero, como “autoridad única para la respuesta frente a los efectos dañosos causados” por los terremotos del 24 de junio, que hasta el momento han dejado más de 1.700 muertos.

La asociación insistió en que una emergencia de esta naturaleza exige medidas extraordinarias, pero subrayó que deben dictarse dentro del marco constitucional y ser proporcionales a los hechos que buscan controlar.