Una situación de emergencia sanitaria afecta al municipio Manapiare, en el estado Amazonas, tras el reporte de más de 165 personas con síntomas como fiebre alta, vómito, diarrea, bronconeumonía, tos, dolor de cabeza y malestar general. La alerta fue emitida por el programa Wayamoutheri de la organización indígena Kuyunu, la cual detalló que las comunidades de los pueblos Ye’kwana y Sanema ubicadas en el medio y alto Ventuari son las principales perjudicadas, con una incidencia alarmante entre los niños y niñas.
Entre las localidades señaladas por el reporte figuran Cacurí, Joroimeña, Curaguaña, Yajatacuweña, Cujeriña, Macunaima, Tencua, Wachamo, Puerto Unión, San Martín y Caño Negro. La falta de suministros en los ambulatorios locales de Tencua y Cacurí agrava el escenario, dificultando la atención a los convalecientes.
Fallecimientos infantiles y casos críticos
El balance de la crisis incluye tres muertes de menores de edad: una niña de un año de la comunidad Wasaraña, una recién nacida de tres días procedente de Cacurí y una niña de seis años de Isla Tití. Asimismo, la alerta advierte sobre dos pacientes en estado crítico —una niña Ye’kwana y un bebé Sanema— que necesitan un traslado aéreo inmediato hacia el hospital de Puerto Ayacucho para recibir atención especializada.
Ante esta situación, las organizaciones Wayamoutheri y Kuyunu solicitaron una respuesta inmediata a la Alcaldía Indígena de Manapiare, la Gobernación de Amazonas, Amazonas Salud y el Ministerio de Salud, pidiendo la evacuación aérea de los casos graves, el envío de medicamentos y el despliegue de un equipo sanitario para identificar el origen de la enfermedad.
Vulnerabilidad estructural de las comunidades
Organizaciones de derechos humanos han documentado previamente las precarias condiciones que enfrentan los pueblos originarios del país. Un informe de Human Rights Watch difundido en septiembre de 2026 expuso que las comunidades indígenas sufren escasez de recursos, dificultades para acceder a una alimentación adecuada y una afectación desproporcionada por la pobreza extrema y la desnutrición.
Por su parte, en su informe anual de 2025, Provea catalogó como grave la situación sanitaria de estas poblaciones, vinculándola al crecimiento de la minería ilegal. La ONG advirtió sobre un incremento en la morbilidad y mortalidad debido al consumo de agua contaminada con mercurio, lo que agrava la incidencia de enfermedades diarreicas y respiratorias entre los habitantes de la región.
