Las familias de cinco hombres jóvenes asesinados en Venezuela demandaron a Nicolás Maduro ante un tribunal federal de Nueva York por su presunta ejecución extrajudicial. La denuncia fue presentada el martes en el Tribunal de Distrito para el Distrito Este de Nueva York y apunta a hechos ocurridos entre 2017 y 2021.

La acusación por las muertes atribuidas a las FAES

El escrito, de 44 páginas, invoca la Ley de Protección a Víctimas de Tortura, una norma federal que permite a extranjeros demandar por torturas y ejecuciones sumarias cometidas fuera de Estados Unidos. Los demandantes, identificados bajo seudónimo por seguridad, afirman que agentes de las Fuerzas de Acciones Especiales irrumpieron de madrugada en sus viviendas, separados a los hombres de sus familias y les dispararon.

Según la denuncia, las autoridades luego fabricaron versiones para presentar las muertes como un enfrentamiento con la policía. El texto judicial sostiene que Maduro utilizó a las FAES como instrumento político y mecanismo de control social para reprimir la disidencia, aterrorizar a los barrios de bajos ingresos y eliminar a la oposición.

El caso se apoya en antecedentes internacionales sobre Venezuela

Las FAES fueron creadas en 2017 como división de la Policía Nacional Bolivariana para combatir el crimen organizado. Human Rights Watch documentó desde entonces un patrón de ejecuciones en comunidades que habían dejado de respaldar al Gobierno, con agentes que plantaban armas para simular resistencia de las víctimas. Una misión de la ONU concluyó en 2020 que autoridades de alto nivel conocieron los crímenes y contribuyeron a ellos, y la unidad fue disuelta en 2021.

La demanda se inscribe en un expediente internacional más amplio contra el régimen. La Corte Penal Internacional mantiene desde 2018 una investigación formal, conocida como “Situación Venezuela I”, por crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en el país desde 2014, y la Sala de Apelaciones la ratificó en marzo de 2024 pese a los recursos presentados por el Estado venezolano.

En paralelo, un informe de la entonces alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, documentó en 2019 más de 6.800 ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas de seguridad venezolanas entre enero de 2018 y mayo de 2019, y estableció que las FAES fueron la unidad policial más letal, responsable de más del 64% de las muertes examinadas ese año.

Un pleito civil con la inmunidad como punto central

La demanda en Brooklyn no busca una condena penal, sino una compensación para las familias, y es el primer intento de usar la vía civil estadounidense para responsabilizar a Maduro por las ejecuciones atribuidas a las FAES. Su desenlace dependerá de cómo resuelvan los tribunales la cuestión de la inmunidad.

En su primera comparecencia ante el juez Alvin Hellerstein, el 5 de enero, Maduro se definió como presidente de Venezuela y “prisionero de guerra”, y dijo haber sido secuestrado en su domicilio. Su defensa, a cargo de Barry Pollack, cuestionó la legalidad de la operación militar, y según The New York Times se espera que Maduro invoque también inmunidad como jefe de Estado para frenar la demanda civil.