El Supremo frena a Trump en ciudadanía por nacimiento, pero avala otras medidas migratorias

El Tribunal Supremo de Estados Unidos frenó este martes el intento de Donald Trump de acabar por decreto con la ciudadanía por nacimiento, un derecho ligado a la Decimocuarta Enmienda de la Constitución. La decisión representa una excepción dentro de una serie reciente de fallos que han favorecido a su política migratoria.

Un límite a la vía ejecutiva

Trump había buscado anular ese principio desde su primer día en el Despacho Oval, con una orden destinada a impedir que obtuviera la nacionalidad estadounidense cualquier persona nacida en el país, sin importar si sus padres son migrantes en situación irregular, extranjeros con permiso de trabajo o turistas. La mayoría conservadora del alto tribunal no avaló esa ofensiva, pese a su conocida inclinación originalista y a la composición más conservadora del tribunal en casi un siglo.

La sentencia no cambia, sin embargo, la tendencia general del Supremo a respaldar otras medidas impulsadas por Trump. En julio de 2024, el mismo tribunal le concedió una amplia inmunidad por actos cometidos durante su mandato, un fallo que despejó su regreso al poder cuando aún enfrentaba varios procesos judiciales. Más recientemente, la mayoría conservadora también ratificó dos decisiones favorables a la Casa Blanca en materia migratoria.

Más fallos favorables en inmigración

Uno de esos pronunciamientos permitió a la Administración retirar la protección humanitaria otorgada a 350.000 haitianos y unos 6.000 sirios, que quedaron expuestos a ser expulsados. El otro eliminó la posibilidad de que migrantes en situación irregular que llegan a la frontera con México se presenten ante las autoridades para ser escuchados y optar por asilo, lo que abrió paso a una expulsión inmediata.

Tras el revés sobre la ciudadanía por nacimiento, Trump anunció que intentará avanzar por la vía legislativa. En un mensaje difundido en Truth Social, pidió a sus aliados en el Capitolio que trabajen de inmediato para poner fin a ese derecho, al que calificó de “costoso e injusto”. También prometió respaldo total a ese esfuerzo, aunque el escenario político y legal luce complicado.

Modificar una norma de ese alcance requeriría sortear el peso de una mayoría limitada en el Senado, donde los republicanos no alcanzan por sí solos los votos necesarios. Además, el propio Supremo señaló que la orden ejecutiva chocaba con la Constitución, lo que complica aún más cualquier intento de imponer el cambio por una ley ordinaria.

La discusión sobre el llamado turismo de partos

El debate ha girado también en torno al llamado turismo de partos, una expresión usada por los republicanos para referirse a mujeres extranjeras que viajan a dar a luz en Estados Unidos. Esa práctica, sin embargo, representa una proporción mínima de los nacimientos en el país, según un estudio de la Universidad de Pensilvania. Aun así, el tema volvió a aparecer en la discusión judicial y en la opinión disidente del magistrado Clarence Thomas.

En Estados Unidos hay más de seis millones de personas nacidas en el país con uno o ambos padres en situación irregular, que en teoría podrían naturalizarse cuando sus hijos ciudadanos cumplan 21 años. Se trata, no obstante, de un proceso complejo y cada vez más difícil bajo el clima de endurecimiento migratorio promovido por Trump. Los cálculos más fiables sitúan en unos 14 millones la población indocumentada en el país.