Familiares de cinco jóvenes fallecidos en operativos policiales en Caracas entre 2017 y 2020 presentaron una demanda civil contra Nicolás Maduro ante una corte federal de Estados Unidos, en un reclamo por presuntas ejecuciones extrajudiciales.
La acción fue introducida en la Corte Federal de Brooklyn bajo la Ley de Protección a las Víctimas de Tortura, una norma estadounidense que permite reclamar daños civiles contra funcionarios extranjeros acusados de torturas o ejecuciones extrajudiciales cometidas mientras ejercían funciones públicas, según The New York Times.
La demanda apunta a operativos de la OLP y las FAES
Los demandantes sostienen que las muertes ocurrieron durante operativos desarrollados por la Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP), luego sustituida por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), un cuerpo policial señalado en reiteradas oportunidades por organismos internacionales por presuntas violaciones a los derechos humanos.
La acción judicial fue promovida por el Centro Guernica 37, organización especializada en litigios internacionales por violaciones graves de derechos humanos, cuyos representantes solicitan una indemnización por daños compensatorios y punitivos.
“Esta demanda refleja la extraordinaria determinación de las familias de las víctimas para hacer frente a los abusos de poder y afirmar que nadie está por encima de la ley”, dijo Michael Reed Hurtado, uno de los abogados que representa a los demandantes.
Las familias dicen que acudieron al exterior por la impunidad
La demanda recoge los casos de tres madres, un padre y una mujer que perdió a dos hermanos durante esos procedimientos. Todos coinciden en que recurrieron a la justicia estadounidense tras años sin obtener respuestas en Venezuela.
“No estoy pidiendo nada, estoy exigiendo”, dijo una mujer cuyo hijo fue asesinado en 2017, identificada en la demanda como Jane Doe 1. “A mí el Estado me mató a mi hijo”, dijo.
Otra de las demandantes, identificada como Jane Doe 3, afirmó que decidió abandonar Venezuela después del asesinato de su hijo durante un operativo policial. “Yo decidí hacer esta demanda y denunciar el caso de mi hijo y visibilizarlo porque mi hijo no era ningún delincuente”, dijo. “A mi hijo lo asesinan en su propia habitación”.
Las familias aseguran que la impunidad fue el principal motivo para acudir a instancias internacionales. “El verdadero móvil de nosotros para haber dado ese paso es la impunidad en nuestro país”, dijo Jane Doe 2, cuyo hijo murió durante un procedimiento policial en 2018. “Si no fuera así, no habríamos tenido que recurrir a instancias internacionales”.
La demanda se apoya en cifras de Naciones Unidas
La acción judicial cita informes de organismos internacionales que documentaron miles de muertes durante operativos de seguridad en Venezuela. Naciones Unidas reportó que entre 2018 y 2019 las fuerzas de seguridad causaron al menos 6.856 fallecimientos y denunció la presunta alteración de escenas del crimen para simular enfrentamientos armados.
Pese a esas denuncias, Maduro respaldó públicamente la actuación de las FAES en 2019. “Todo el apoyo para ustedes, logístico, físico”, dijo en ese momento. “Todo el apoyo para el FAES, en su labor diaria de darles seguridad al pueblo. ¡Que viva el FAES!”.
