Hace seis meses, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados por fuerzas especiales de Estados Unidos en Caracas. Desde este 3 de julio de 2026, según la ONG Acceso a la Justicia, Venezuela entra en un terreno de “abierta e inédita inconstitucionalidad”.
El plazo de 180 días quedó bajo la lupa
La advertencia se apoya en el artículo 234 de la Constitución, que establece que las “faltas temporales” del Presidente de la República “serán suplidas por el Vicepresidente Ejecutivo hasta por noventa días, prorrogables por decisión de la Asamblea Nacional por noventa días más”.
De acuerdo con la organización, el silencio de la Asamblea Nacional durante estos seis meses es alarmante y no puede entenderse como una omisión menor. Sostiene que, si la falta temporal se prolonga, corresponde al Parlamento debatir y resolver el asunto.
La discusión sobre la falta absoluta y el vacío político
El texto también recuerda que el Tribunal Supremo de Justicia inventó la figura de la “ausencia forzosa” para no declarar la falta absoluta de Maduro. Según la Constitución citada en la nota, una falta absoluta obligaría a convocar elecciones para cubrir la vacante en un plazo de 30 días.
La organización replica que no es jurídicamente sostenible sostener que, porque la causa específica de la ausencia no esté escrita de forma literal en la Constitución, esta deje de aplicarse. Añade que la Carta Magna fue diseñada con límites precisos para evitar que una situación provisional se convierta en una continuidad administrativa al margen del Estado de Derecho.
Críticas desde el oficialismo y voces jurídicas
Delcy Rodríguez asumió la jefatura del Estado con el fin de garantizar la “continuidad administrativa”, mientras el Parlamento, dirigido por Jorge Rodríguez, no se ha pronunciado sobre su continuidad en el poder.
La diputada chavista Iris Varela llegó a decir que a Maduro “le estamos cuidando la silla con Delcy, que es la única que se puede sentar allí”. Antes de los terremotos del 24 de junio, el gobierno ya había descartado la convocatoria a elecciones presidenciales y había sostenido que la prioridad del país era la recuperación económica.
El abogado y defensor de derechos humanos Joel García afirma que el vencimiento de los 180 días de encargaduría no es solo un asunto de plazos. A su juicio, “jurídicamente, entramos en un terreno de abierta ruptura”.
García agrega que las instituciones chavistas “pretenden crear una ‘presidencia encargada permanente’ no electa”, algo que considera contrario al diseño republicano y a la soberanía popular.
En medio de la crisis política y económica, y de las consecuencias de los terremotos del 24 de junio, el politólogo y ex preso político Nicmer Evans señaló que el 3 de julio es un día clave en el calendario político venezolano. Dijo que Delcy amaneció “más inelecta, más tutelada, más autócrata y más inconstitucional que nunca, a seis meses de la ausencia absoluta de Maduro”.
