Caracas. El miércoles 1° de julio comenzó el traslado de más de 1.600 personas que seguían refugiadas en el Parque del Oeste Alí Primera, en Caracas, luego del doblete sísmico que afectó la zona central del país y golpeó con especial fuerza a La Guaira y al oeste de la capital.

Escuelas habilitadas como albergues en Libertador y Miranda

Yajaira Meléndez informó que los afectados están siendo reubicados en planteles públicos abiertos de emergencia como refugios: Aguerrevere, Artigas, Gran Colombia y Carlos Delgado Chalbaud, en el municipio Libertador, además de la Escuela de Liderazgo en Filas de Mariches.

Según indicó, la mayoría de las personas que ocupaban la escuela Miguel Antonio Caro ya fue movilizada. Sin embargo, en el parque permanecían cerca de 3.500 familias a la espera de su turno bajo las carpas.

Entre los trasladados también había familias que llegaron desde La Guaira, donde los terremotos del 24 de junio dejaron severos daños en sectores como Tanaguarenas.

Literas, control biométrico y presencia militar en el parque

El destino de Dayana Díaz y de otras 500 familias es el colegio Carlos Delgado Chalbaud, en la parroquia Coche. Allí, los equipos de asistencia instalaron literas de hierro y calcularon ocho por salón, mientras intentan acondicionar baños y tuberías.

En el campamento Paz y Esperanza seguían censadas 17 familias, con escasez de baños portátiles y dificultades para conseguir ayuda. Al mismo tiempo, el Parque del Oeste se convirtió en una especie de miniciudad institucional, con un puesto del Saime para cédulas, una oficina del TSJ para protección de la niñez y la adolescencia, y puntos de atención médica con pediatría y odontología preventiva.

Pero el proceso también se endureció. Funcionarios estatales recorrieron las áreas para hacer un registro biométrico de los afectados, con la intención de depurar el censo y controlar las respuestas gubernamentales.

Violencia, listas impresas y familias buscando respuestas

El jueves 2 de julio el parque amaneció militarizado tras varios episodios de violencia, luego de que se viralizara una presunta agresión sexual dentro de las instalaciones.

En los accesos y pasillos fueron desplegados funcionarios del Sebin, la Dgcim y el Conas, en contraste con los primeros días, cuando predominaban la atención civil y la ayuda humanitaria. Para muchos adultos, la presencia de fusiles y rostros cubiertos no transmitía seguridad, sino intimidación.

Mientras tanto, en las afueras, la gente seguía revisando 27 listas impresas en busca de familiares desaparecidos. Muchos se retiraban sin respuesta, pero con la esperanza de encontrar a alguien más adelante.