La cifra de víctimas mortales por el doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela el pasado 24 de junio ascendió a 6.301, luego de confirmarse el fallecimiento de otras 176 personas en el último balance oficial. El reporte, presentado este lunes por el dirigente político Jorge Rodríguez, detalla además que 73.356 personas han recibido atención médica en diversos centros hospitalarios del país.
El doble evento sísmico, que registró magnitudes de 7,2 y 7,5, causó graves estragos en la región septentrional, con especial impacto en el estado La Guaira. Ante la magnitud de la tragedia, el oficialismo informó sobre la entrega de 287 nuevas viviendas para los damnificados, así como la recolección de más de 483.525 toneladas de escombros en las zonas afectadas.
Evaluación de daños y viviendas afectadas
Las inspecciones técnicas continúan en las comunidades afectadas para determinar la seguridad de las estructuras remanentes. Hasta la fecha, las autoridades han evaluado un total de 53.314 viviendas, revelando un panorama crítico para miles de familias que perdieron sus hogares o habitan en estructuras vulnerables.
| Estado de la vivienda | Cantidad de inmuebles |
|---|---|
| Habitables | 31.336 |
| Con restricciones | 12.411 |
| Alto riesgo | 9.567 |
| Total evaluadas | 53.314 |
Por su parte, el Banco Mundial estimó en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos provocados por el desastre natural. El organismo financiero internacional advirtió que un proceso de reconstrucción lento podría comprometer seriamente la recuperación de la economía venezolana durante la próxima década.
Gremio técnico exige actualizar normas de construcción
Ante el colapso de múltiples estructuras, el Colegio de Ingenieros de Venezuela solicitó formalmente una revisión profunda de los parámetros de construcción vigentes. El presidente de la organización gremial, Enzo Betancourt, propuso la creación inmediata de una Comisión Nacional Sismorresistente.
Esta instancia técnica tendría la tarea de evaluar los colapsos, emitir informes públicos y formular recomendaciones para actualizar el marco normativo nacional, cuya última revisión se realizó en el año 2019. Según Betancourt, el trabajo de esta comisión debe servir como base fundamental para el diseño de políticas públicas orientadas a la reducción de riesgos, la planificación territorial y una reconstrucción urbana verdaderamente resiliente.
