La emisión de la Licencia General N.º 24A por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos abrió un nuevo margen para las operaciones financieras y comerciales vinculadas con las telecomunicaciones y los servicios postales en Venezuela, pero el sector sigue enfrentando fuertes distorsiones internas por la congelación de tarifas y la eliminación de exoneraciones de impuestos.
Más conectividad, pero con límites
El presidente encargado de la Cámara de Empresas de Servicios de Telecomunicaciones (Casetel), Pedro Marín, señaló que la medida busca favorecer la conectividad de los ciudadanos y permitir el libre flujo de datos e información dentro del país, además de normalizar las interconexiones con redes globales.
Marín explicó que, antes de esta flexibilización, cualquier operador estadounidense o global que utilizara infraestructura compartida tenía prohibido pagar servicios, cursar tráfico de datos o interconectarse con redes de corporaciones públicas venezolanas, como Cantv o Movilnet. Con la nueva licencia, indicó, las multinacionales tecnológicas o de transporte de datos pueden enlazarse de forma directa con operadores locales, tanto públicos como privados.
El dirigente gremial también destacó que la decisión ayuda a reducir el fenómeno de sobrecumplimiento o over-compliance, al ofrecer mayor certeza jurídica a las empresas extranjeras y disminuir el temor a eventuales sanciones secundarias que derivaban en el rechazo de servicios a compañías venezolanas.
Pese a ese alivio, Marín advirtió que las empresas locales aún deben tramitar y cumplir los permisos de la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio de Estados Unidos para adquirir equipos de alta tecnología e infraestructura física en ese país.
Tarifas rezagadas y costos en alza
Marín afirmó que el sector también enfrenta una presión financiera interna por el esquema de facturación vigente bajo el decreto de emergencia económica, en vigor desde abril de 2025. Según explicó, las empresas deben cobrar sus servicios con la tasa del dólar oficial del Banco Central de Venezuela correspondiente al primer día del mes, y mantener ese valor fijo durante los 30 días siguientes.
En un contexto de devaluación cotidiana, ese desfase —dijo— genera un daño serio en el flujo de caja de las operadoras. Por ello, el gremio pide que las tarifas se indexen a la tasa oficial del BCV del día en que se emite la factura, con el fin de sostener las inversiones en fibra óptica y ampliación de cobertura.
A esa presión se suma la eliminación total de las exenciones arancelarias para importar insumos y componentes tecnológicos. De acuerdo con Casetel, las operadoras ahora deben pagar la totalidad de los impuestos aduaneros en divisas, lo que amplía la brecha entre ingresos calculados con una tasa fija y costos de mantenimiento dolarizados.
Relación con Conatel
Marín sostuvo, además, que el sector mantiene una relación institucional de alto nivel y un acercamiento constante con la directiva actual de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). Añadió que el ente regulador ha destrabado y renovado múltiples concesiones y licencias operativas que permanecían en espera.
