Los Ángeles mantuvo en pie un piloto de lectores de placas de Axon para el Departamento de Policía de Los Ángeles, tras una votación del concejo municipal que no alcanzó los diez apoyos necesarios para detenerlo. La prueba de tres meses seguirá adelante mientras un contrato de mayor alcance, valorado en USD 235 millones, continúa bajo revisión y a la espera de otra votación.

La votación no alcanzó para frenar la prueba

El 27 de octubre, el Concejo Municipal de Los Ángeles votó 9 a 6 sobre el intento de revocar la aprobación del piloto. Como la reversión exigía diez votos entre los 15 integrantes, la moción no prosperó.

La iniciativa fue una de dos aprobadas por la Junta de Comisionados de Policía el 22 de septiembre, en una votación de 3 a 0. El piloto contempla la instalación de cámaras en postes de alumbrado público y, según la información del programa, no tendría costo para la ciudad.

Antes de esa sesión final, diez concejales habían afirmado jurisdicción sobre la decisión de la comisión conforme a la Sección 245 de la Carta Orgánica, pero la mayoría necesaria para anularla resultó insuficiente. Bob Blumenfield, John Lee, Traci Park y Monica Rodriguez votaron en contra de afirmar esa jurisdicción.

Lecturas masivas, alertas erróneas y detenciones de alto riesgo

La discusión llegó después de un informe del inspector general Matthew J. Barragan, fechado el 10 de julio de 2026 y registrado como BPC 26-184. El documento revisó la actividad entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre de 2025, período en el que las cámaras acumularon 210.568.103 lecturas.

Según ese informe, las alertas vinculadas con listas de vehículos buscados derivaron en 68 detenciones, 74 arrestos y la recuperación de 337 vehículos robados. También señaló 161 alertas en las que la cámara leyó correctamente la placa, pero después se descubrió que el vehículo ya no estaba reportado como robado porque algunos registros no se habían actualizado a tiempo.

En 46 de las 68 detenciones, los oficiales recurrieron a tácticas de alto riesgo para sacar a los ocupantes y tomar control de la situación. El informe pidió suspender el despliegue de nuevas cámaras y la firma de nuevos contratos hasta que el público pudiera pronunciarse y se revisaran los proveedores y las prácticas sobre datos.

El contrato más amplio sigue pendiente

El acuerdo de diez años asciende a USD 235 millones y cubriría hasta julio de 2036. Incluye cámaras corporales mejoradas, sistemas de cámaras para vehículos, pistolas Taser, almacenamiento digital de evidencia y una herramienta de inteligencia artificial que redacta informes policiales a partir del audio captado por las cámaras corporales.

Ese contrato todavía necesita aprobación municipal y permanece bajo revisión del Oficial Administrativo de la Ciudad. Mientras tanto, el LAPD emitió el 16 de octubre una política que redujo de dos años a 90 días el tiempo de datos disponible para búsquedas y limitó el acceso a unos 4.000 oficiales.

El departamento también dijo que no pondrá en vigor nuevos acuerdos para compartir datos hasta que concluya el piloto. Según el reporte, Axon aceptó que el departamento sería propietario de los datos y que no podrían compartirse con autoridades federales.

El debate quedó ahora dividido entre una prueba de corto plazo y un contrato de largo aliento que todavía no tiene el visto bueno final. La votación pendiente sobre ese acuerdo marcará el siguiente paso de una discusión centrada en retención de datos, acceso y uso policial de la tecnología.