El país volvió a quedar de último en el índice global de Estado de derecho y el informe anual de Acceso a la Justicia advierte un deterioro estructural.
Venezuela cerró 2025 en el último puesto del Índice de Estado de derecho del World Justice Project, mientras el informe anual de Acceso a la Justicia, Justicia aplazada en Venezuela, concluyó que la crisis institucional es estructural y se ha profundizado con restricciones al espacio cívico, opacidad judicial y falta de independencia del Poder Judicial.
Peores indicadores de justicia
Por décimo año consecutivo, el país quedó en el lugar 143 de 143 evaluados. La puntuación en justicia penal bajó a 0,11, frente a 0,19 en 2015, y quedó cinco veces por debajo del promedio mundial, de 0,55. La justicia civil cayó a 0,26, desde 0,34, y la dimensión de derechos fundamentales retrocedió a 0,28, desde 0,39, lo que dejó a Venezuela en el puesto 137 de 143.
El informe atribuye esos resultados a la lentitud procesal, la falta de independencia judicial, la corrupción y la escasa accesibilidad e imparcialidad.
Restricciones al espacio cívico
La organización señaló que la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro, conocida como Ley Antisociedad, complicó el registro de organizaciones de derechos humanos. Un estudio citado en el informe indicó que solo cerca del 20 % de las ONG de carácter humanitario o mixto logró inscribirse.
Elecciones y emergencia económica
También documentó irregularidades en las elecciones municipales, regionales y de la Asamblea Nacional de 2025, entre ellas ausencia de cronogramas oportunos, adelanto de comicios, cierre intempestivo del registro electoral y amenazas a los candidatos.
Además, reseñó tres decretos de emergencia económica que permitieron al Ejecutivo modificar el presupuesto, asumir endeudamiento sin aprobación de la Asamblea Nacional, centralizar la recaudación de tributos estadales y municipales e imponer exoneraciones.
Justicia internacional
En el plano internacional, el informe indicó que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional cerró su oficina en Caracas ante la falta de avances, aunque la investigación sobre los crímenes cometidos desde 2014 siguió adelante con 164 formularios de representación de víctimas.
También recordó que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela publicó dos informes sobre patrones de violaciones de derechos humanos tras las elecciones de julio de 2024 y denunció la anulación práctica del recurso de habeas corpus por parte de autoridades judiciales y policiales.
El informe completo puede consultarse en Informe anual AJ 2025 y en su resumen ejecutivo.
Contenido redactado con asistencia de un LLM.
