La ONG reportó que ninguna organización de derechos humanos logró registrarse en 2025 y que el trámite sigue trabado ante el Saren. También alertó sobre exigencias que no estarían previstas en la ley.
Las organizaciones de derechos humanos que intentaron formalizar su inscripción ante el Estado venezolano durante 2025 no lograron completar el proceso. Acceso a la Justicia atribuyó la situación a las trabas impuestas por la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Organizaciones Sociales.
Alí Daniels, codirector de la organización, presentó este martes los resultados de una encuesta aplicada a 54 organizaciones durante la exposición del informe anual de Acceso a la Justicia. Según dijo, solo 20 % de las consultadas consiguió registrarse bajo la normativa aprobada en 2024.
ONG de derechos humanos sin registro en 2025
Daniels explicó que el proceso no avanzó de la misma manera para todas las organizaciones. Señaló que quienes lograron completar alguna parte del trámite fueron principalmente entidades humanitarias, aunque en la mayoría de los casos la inscripción quedó inconclusa.
“La mayoría de ellas eran humanitarias y, además, debo decir que las que lograron registrarse en su mayoría solamente lograron uno de los dos actos que establece la ley para hacer ese registro. Solo conocemos de una que ha logrado los dos actos”, dijo.
El panorama fue más restrictivo para las organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos. “Ninguna de las organizaciones de derechos humanos consiguió registro en el 2025”, afirmó el abogado.
También indicó que las ONG que comenzaron el procedimiento entregaron la documentación solicitada, pero sus expedientes permanecen sin respuesta por parte del Servicio Autónomo de Registros y Notarías, Saren.
Acceso a la Justicia sostuvo además que durante el trámite se han formulado requerimientos que no estarían contemplados en la legislación, entre ellos la entrega de estados financieros correspondientes a períodos de hasta tres décadas.
Una ley que amplía las causales de disolución
La legislación que regula a las ONG fue aprobada por la Asamblea Nacional en agosto de 2024 y establece mecanismos que pueden llevar a la disolución judicial de organizaciones que incumplan sus disposiciones.
La norma restringe, entre otras actividades, la recepción de recursos destinados a organizaciones políticas y la entrega de aportes económicos a esas agrupaciones. También prohíbe promover el “fascismo, la intolerancia o el odio”.
El incumplimiento de estas disposiciones puede convertirse en una causal de disolución cuando exista una decisión judicial. La ley también contempla la disolución por el impago de multas, una vez agotados los recursos judiciales disponibles.
Las organizaciones de la sociedad civil cuestionaron desde su aprobación el alcance de la normativa. Volker Türk, alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, también expresó preocupación y rechazó la legislación por su posible impacto sobre los derechos humanos y la democracia.
También afectó a organizaciones que buscaban asistir tras los terremotos
Daniels relató que, después de los terremotos de junio, dos organizaciones estadounidenses intentaron obtener el registro para participar en labores de atención a las personas afectadas. Ninguna de las dos pudo completar el procedimiento.
Acceso a la Justicia consideró que las restricciones pueden afectar incluso la capacidad de organizaciones humanitarias para incorporarse a labores de asistencia en situaciones de emergencia.
El codirector resumió el escenario como una “restricción brutal del espacio cívico”, junto con una restricción de los derechos humanos y un debilitamiento de las garantías institucionales.
Contenido redactado con asistencia de un LLM.
