Un cartel con el rostro de Donald Trump y el lema “Make America Safe Again” cuelga desde hace meses en la fachada del Departamento de Justicia de Estados Unidos. La imagen, repetida en otros edificios federales, se ha convertido en un símbolo del mayor control político que el mandatario ejerce sobre un organismo que durante décadas buscó preservar su independencia.
Una institución diseñada para evitar presiones
El Departamento de Justicia forma parte del Ejecutivo y depende de la Casa Blanca, pero tradicionalmente ha sido visto como el área más autónoma del gabinete. Esa distancia se ha considerado clave para reducir las injerencias del poder político en los asuntos judiciales y mantener cierta separación entre las decisiones del gobierno y la aplicación de la ley.
Desde el escándalo de Watergate, que terminó con la presidencia de Richard Nixon a comienzos de los años setenta, los mandatarios estadounidenses han mantenido una relación más prudente con ese departamento. La idea dominante ha sido evitar que la conducción política interfiera de manera directa en investigaciones, criterios legales o decisiones sensibles vinculadas con la justicia federal.
Un cambio de tono con Trump
Ese equilibrio, sin embargo, ha quedado alterado desde la llegada de Trump a la Casa Blanca. La presencia de su imagen en la sede del Departamento de Justicia y en otras dependencias federales refleja una ruptura con la tradición de distancia institucional que, por años, trató de blindar a esa oficina frente a presiones del poder presidencial.
