Las recientes excarcelaciones de presos políticos y de personas detenidas por motivos vinculados al ejercicio de derechos fundamentales en Venezuela no deben confundirse con una garantía de libertad de expresión ni de participación democrática, advirtió Pedro Vaca, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Durante el foro “Espacio cívico, participación democrática y derechos humanos en Venezuela”, realizado en el marco de la 56ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Vaca sostuvo que estas liberaciones pueden terminar funcionando como un “factor de distracción” frente a problemas estructurales que siguen vigentes.
“Claro que nos alivia saber que no están en prisión. Pero esto no se puede confundir con entender que hay garantías”, expresó el relator al intervenir en el encuentro, celebrado el lunes 22 de junio en Ciudad de Panamá.
Advertencia sobre lecturas de apertura
Vaca dijo que le preocupan las interpretaciones que presentan algunas decisiones recientes como señales de una apertura democrática. A su juicio, resulta “tremendamente peligroso, incluso ingenuo, confundir variaciones en el ejercicio del poder con garantías a la libertad de expresión”.
También afirmó que la comunidad internacional debe evitar asumir que medidas puntuales representan cambios de fondo, especialmente cuando siguen vigentes normas y mecanismos que restringen derechos fundamentales.
En su intervención, señaló que la institucionalidad venezolana continúa apoyándose en instrumentos que consideró “absolutamente incompatibles con los estándares internacionales de libertad de expresión y otros derechos humanos”.
El relator agregó que las liberaciones son valiosas desde una perspectiva humanitaria, pero advirtió que pueden desviar la atención de las condiciones que hicieron posibles esas detenciones. A su juicio, el debate no debe limitarse a la salida de personas de prisión, sino al marco legal e institucional que permite castigar opiniones críticas, restringir la participación ciudadana y perseguir la disidencia.
Vaca recordó además que en Venezuela siguen existiendo personas detenidas por lo que piensan o expresan, mientras permanecen mecanismos de censura y control que chocan con los estándares democráticos.
La Ley contra el Odio y los bloqueos digitales
Entre los instrumentos que mencionó destacó la Ley contra el Odio, aprobada en 2017 por la extinta Asamblea Nacional Constituyente. Explicó que el sistema interamericano reconoce la obligación de los Estados de sancionar expresiones que inciten a la violencia contra grupos históricamente vulnerables, pero sostuvo que en Venezuela ese concepto fue distorsionado.
“Se toma el concepto y se pervierte”, afirmó. Según dijo, la norma dejó de servir para proteger a poblaciones vulnerables y pasó a utilizarse para “proteger al poder” frente a las críticas.
El relator recordó que, desde su aprobación, organismos internacionales alertaron sobre la ambigüedad de los conceptos incluidos en la ley y sobre la desproporción de las penas previstas, que pueden llegar hasta 20 años de prisión.
También indicó que en los últimos años esta normativa ha sido aplicada contra dirigentes políticos, activistas, periodistas y ciudadanos que expresaron opiniones críticas, con efectos que van más allá de los casos individuales.
“Esta es una ley que siembra miedo en las demás personas. Termina generando atmósferas de autocensura tremendamente poderosas”, afirmó.
Para Vaca, cualquier señal de apertura democrática debe pasar por la eliminación de los instrumentos que restringen derechos fundamentales. Además de la Ley contra el Odio, mencionó los bloqueos digitales contra medios de comunicación y plataformas informativas, a los que calificó como decisiones arbitrarias y reversibles.
“Creo que ese conjunto de instrumentos debería ser derogado”, sostuvo.
A su juicio, mientras esas herramientas sigan vigentes, continuarán operando como una amenaza latente contra periodistas, activistas y ciudadanos que quieran participar libremente en el debate público venezolano.
