Frente al riesgo de la censura y la intimidación, Branker decidió reincorporarse a sus labores informativas para evitar enviar un mensaje de repliegue al resto del gremio periodístico venezolano. “Yo entendí que parte de lo que me ocurrió a mí y a muchos venezolanos era para silenciarnos”, reflexiona sobre su decisión de continuar en el ejercicio de la profesión.
Un expediente judicial abierto en Caracas
La causa penal contra el trabajador de la prensa se tramita en los tribunales del Área Metropolitana de Caracas, donde enfrenta imputaciones por terrorismo, traición a la patria, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo. Según el expediente, la acusación fiscal se fundamenta en una publicación realizada en la red social X (antes Twitter) en la cual compartió un cartel de búsqueda sobre el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.
Actualmente, Branker cumple una medida cautelar que exige su presentación periódica ante los tribunales cada 30 días, además de una prohibición expresa de salida del territorio nacional. Ante este panorama, el periodista advierte que el aparato de persecución sigue activo y que las garantías actuales son reversibles en cualquier momento.
7 de 10 periodistas y empleados de medios procesados judicialmente enfrentaron imputaciones por instigación al odio, de acuerdo con registros del SNTP
El debate sobre la reforma y la exigencia gremial
El caso de Branker se inserta en un patrón de criminalización que documentan organizaciones como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP). Ante las críticas acumuladas por el uso de la legislación contra la disidencia, Delcy Rodríguez ordenó una reforma parcial de la normativa para modificar conductas punitivas, una iniciativa que derivó en la creación de una comisión parlamentaria especial.
Sin embargo, organizaciones no gubernamentales como Espacio Público han manifestado su escepticismo ante los anuncios oficiales. La ONG enfatizó que la ley mantiene vacíos legales que perpetúan la discrecionalidad judicial, por lo que exigió la derogación absoluta del marco normativo en lugar de modificaciones superficiales que no garantizan el cese de la persecución a la prensa.
