La Plataforma Unitaria Democrática exigió la derogatoria de la Ley contra el odio, al rechazar la propuesta de reforma planteada por la dirigente chavista Delcy Rodríguez. La coalición opositora sostuvo que pretender modificar un instrumento inconstitucional representa un despropósito y afirmó que la herramienta ha servido para perseguir y encarcelar a ciudadanos.
Antecedentes y condenas bajo la normativa
El reclamo surge después de que la funcionaria del oficialismo solicitara al Parlamento que revisara la legislación aprobada en noviembre de 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente. Diversas organizaciones y afectados han denunciado el uso de este marco legal para sancionar opiniones expresadas en redes sociales, mensajes de texto y manifestaciones públicas, con condenas que han alcanzado hasta tres décadas de prisión.
927 personas procesadas judicialmente bajo la acusación de incitación al odio desde el año 2017.
Impacto en los derechos ciudadanos
La normativa contempla sanciones severas de cárcel y afecta de forma directa las garantías de libre expresión, información y participación política. De acuerdo con registros de la ONG Foro Penal, cientos de ciudadanos han permanecido bajo procesos abiertos y medidas cautelares en los últimos nueve años bajo esta figura jurídica.
