Varias organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y de la sociedad civil exigieron la derogación total de la Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, luego de que la dirigente chavista Delcy Rodríguez remitiera a la Asamblea Nacional una propuesta para reformar parcialmente la norma. La solicitud ingresó al Parlamento el 29 de septiembre, aunque hasta la fecha no se conocen los detalles específicos del proyecto legislativo.

En un comunicado conjunto, las agrupaciones firmantes —entre las que destacan el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Provea y Espacio Público— advirtieron que una modificación superficial no resolverá los problemas estructurales de un instrumento legal vigente desde noviembre de 2017. Argumentan que el texto presenta una ambigüedad severa en la definición de las conductas sancionadas, facilitando la arbitrariedad.

Impacto sobre la libertad de expresión y los medios

Las organizaciones sostienen que el alcance de la ley trasciende el ámbito penal y se erige como una amenaza constante contra el periodismo y los medios de comunicación. Entre las medidas contempladas se encuentran la revocatoria de concesiones de radio y televisión, la imposición de multas y el bloqueo sistemático de páginas web informativas.

Desde su promulgación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha advertido en repetidas ocasiones sobre los efectos restrictivos de la norma. Informes emitidos en 2017, 2022 y una evaluación más reciente en junio de 2026 recalcan que la legislación ha sido aplicada de forma selectiva para limitar la labor de la prensa independiente y de los defensores de derechos humanos.

Origen cuestionado y demandas de revisión

El pronunciamiento también reitera los cuestionamientos sobre la legitimidad de origen de la ley, señalando que fue aprobada por la Asamblea Constituyente sin la intervención del Parlamento ni un proceso previo de consulta ciudadana, en el contexto represivo posterior a las protestas de 2017.

Ante este panorama, las organizaciones insistieron en que es insuficiente una simple revisión parcial e instaron a los mecanismos internacionales de protección a mantener la supervisión sobre el marco jurídico venezolano, el cual incluye otras normativas orientadas a restringir la participación política y la asociación civil.