La exdirectora del Centro Penitenciario para Procesados Judiciales «26 de Julio» y presa política, Eleiner Sánchez, falleció bajo custodia del Estado en el centro penitenciario Las Crisálidas, ubicado en Los Teques, tras 660 días de detención arbitraria. La organización no gubernamental Un Mundo Sin Mordaza denunció que la causa probable del deceso fue la negligencia médica y judicial, debido a una obstrucción intestinal que requería intervención quirúrgica urgente y que no fue tratada a tiempo por las autoridades.
Sánchez había sido detenida bajo una presunta denuncia de corrupción interpuesta por Julio García Zerpa, y estaba apelando a una amnistía desde el mes de abril. Su caso desató el rechazo de diversos sectores que exigen esclarecer las responsabilidades en torno a su muerte y a las condiciones de reclusión.
Denuncian desatención médica en reclusión
De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Sánchez fue trasladada de emergencia el pasado 27 de septiembre al Hospital Victorino Santaella de Los Teques, luego de meses de insistentes reclamos por parte de sus familiares ante la falta de diagnósticos claros y atención médica especializada dentro del recinto penitenciario.
Su hijo, Eliézer Sáez, señaló que su madre no tenía más de 53 días en el cargo directivo cuando se produjo su arresto. Asimismo, el OVP advirtió que esta trágica muerte constituye el segundo deceso registrado en el centro penitenciario Las Crisálidas en los últimos tres meses, recordando el caso previo de Fabiana Desirée Páez Fernández, quien también perdió la vida en junio en circunstancias similares de desatención sanitaria.
Exigen investigación independiente
Tras conocerse el fallecimiento, el partido político Primero Justicia manifestó a través de sus redes sociales su profunda preocupación y exigió una investigación independiente para determinar las responsabilidades por acción u omisión que condujeron a este desenlace fatal.
Organizaciones defensoras de derechos humanos recalcaron que la negativa de asistencia médica y el retardo procesal vulneran los estándares internacionales de protección a las personas privadas de libertad, convirtiéndose en patrones recurrentes dentro del sistema penitenciario venezolano.
