La Administración estadounidense ha transportado oro desde Venezuela hacia su territorio, pero las refinerías locales se han negado a procesarlo debido a las persistentes dudas sobre las conexiones de las empresas involucradas con prácticas de corrupción y grupos criminales. Una investigación publicada por The New York Times detalla que el proceso abarca desde los yacimientos en el sur del territorio nacional hasta el Ejecutivo norteamericano.

Acuerdos bajo la lupa y restricciones internacionales

Fuentes anónimas y casas comerciales de Europa señalan que el acuerdo comercial conecta a Estados Unidos con una industria minera que mantiene la misma criminalidad combatida por Washington. Financiros estadounidenses habrían invertido en una mina vinculada a miembros del crimen organizado mediante gestiones negociadas por la Casa Blanca.

El principal obstáculo operativo y legal para procesar el metal radica en que las refinerías deben cumplir con estándares internacionales estrictos. Esto incluye garantizar de manera fehaciente que el oro no proviene de fuentes que financien la destrucción ambiental, la corrupción o a organizaciones delictivas.

Negociaciones con Minerven

El propio Gobierno estadounidense había incluido en marzo de 2019 al oro venezolano en una lista negra debido a sus nexos con la destrucción del medio ambiente y esquemas corruptos. Sin embargo, meses atrás, funcionarios norteamericanos negociaron un acuerdo multimillonario con la minera estatal Minerven para comercializar hasta una tonelada de oro en mercados de Estados Unidos.

El pacto comercial contemplaba que Minerven suministrara entre 650 y 1.000 kilos de barras de oro Dore al comerciante de materias primas Trafigura, quien asumiría la tarea de transportar el material metálico hasta las refinerías estadounidenses, según reportes de medios de comunicación.