Cuatro de los siete juristas que formarán parte de la instancia encargada de evaluar a los aspirantes al nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) poseen perfiles independientes y sin vínculos partidistas conocidos, mientras que los tres restantes cuentan con trayectoria en el Poder Judicial o en la administración pública de las últimas dos décadas.
Juristas con trayectoria independiente
Entre los especialistas identificados con un perfil independiente se encuentra Rogelio Pérez Perdomo, doctor en Derecho por la Universidad Central de Venezuela, magíster por la Universidad de Harvard, profesor en Stanford e individuo de número de la Academia Nacional de Historia. A él se suma Belén Ramírez Landaeta, exmagistrada de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y de la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia hasta 1999, quien además preside la Fundación Estudios de Derecho Administrativo.
El grupo independiente lo completan María Bernardoni de Govea, abogada egresada de la Universidad del Zulia que ocupó el Ministerio del Trabajo entre 1997 y 1999 y fue decana de la Universidad Monteávila, y Bernardo Pulido Márquez, abogado de la Universidad Católica Andrés Bello con estudios de posgrado en Stanford y Notre Dame, con experiencia en la litigación de casos de derechos humanos ante el Sistema Interamericano y las Naciones Unidas.
Integrantes con antecedentes en el sector oficial
El resto de la instancia evaluadora está conformado por tres figuras con antecedentes en el aparato judicial reciente y vínculos con la administración de Nicolás Maduro. Silio Sánchez Zerpa se desempeñó como director ejecutivo de la Magistratura en 2015, vicerrector de Desarrollo Territorial de la Universidad Bolivariana de Venezuela y magistrado suplente del TSJ desde 2022. Por su parte, Deyanira Nieves ejerció como magistrada del máximo tribunal entre 2004 y 2015 y presidió la Sala de Casación Penal.
El séptimo integrante es el abogado constitucionalista Federico Fuenmayor, magistrado suplente designado en 2015 y señalado por su cercanía con la expresidenta del tribunal Gladys Gutiérrez, a quien sustituyó en la Sala Constitucional. Fuenmayor firmó el 29 de marzo de 2017 las sentencias 156 y 157 que retiraron competencias a la Asamblea Nacional durante el periodo de desacato.
