La compañía de transporte privado Lyft alcanzó un acuerdo judicial por 272,5 millones de dólares para poner fin a una demanda que la señalaba por incumplir las leyes laborales del estado de California. El conflicto legal se centraba en la clasificación de sus conductores, quienes eran tratados como contratistas independientes en lugar de empleados formales, privándolos de beneficios básicos.
Detalles del conflicto legal
La demanda, iniciada por la Oficina del Comisionado Laboral de California, sostenía que los trabajadores fueron privados de derechos fundamentales como el salario mínimo, el pago de horas extras, licencias por enfermedad y pagos oportunos. Según un documento regulatorio presentado por la empresa, esta decisión busca evitar los costos y la distracción que supone un litigio prolongado, permitiendo que la gerencia se enfoque en sus objetivos comerciales.
Lilia García-Brower, comisionada laboral de California, señaló en un comunicado que el resultado es un reconocimiento a los trabajadores que alzaron su voz. La funcionaria confirmó que la oficina estatal renunciará a su parte del acuerdo para dirigir la totalidad de los fondos a los conductores que presentaron reclamos salariales.
Alcance y contexto del acuerdo
El pacto, que aún requiere la aprobación de un juez, cubre las presuntas irregularidades ocurridas entre el 6 de abril de 2016 y el 15 de diciembre de 2020. Este periodo estuvo marcado por una intensa disputa legal sobre la naturaleza de los trabajadores en la llamada economía colaborativa.
Aunque en la actualidad los conductores operan bajo la figura de contratistas tras la aprobación de la Propuesta 22 en 2020, este acuerdo cierra un capítulo judicial significativo para Lyft. Mientras tanto, otras plataformas del sector continúan enfrentando procesos similares en los tribunales californianos.
