El nuevo gobierno colombiano quiere recomponer la cooperación con Washington y convertir la seguridad territorial en eje de su agenda. La propuesta toma forma bajo un Plan Colombia 2.0.
A partir de agosto, Abelardo de la Espriella asumirá la Presidencia de Colombia con una promesa central: restablecer la alianza estratégica con Estados Unidos. El desafío será mayúsculo en un país donde el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado han ganado espacio, sobre todo en el eje fronterizo colombo-venezolano.
Washington exigirá resultados verificables sobre el terreno
Reconstruir esa relación no dependerá solo de una visita a la Casa Blanca. Según la lógica que plantea el nuevo gobierno, Washington medirá los avances por la capacidad de recuperar el control efectivo del territorio y de mostrar resultados concretos contra las organizaciones criminales que amenazan la seguridad regional.
Uno de los principales retos será revertir el debilitamiento operacional de las Fuerzas Armadas registrado durante la administración Petro, reflejado en menos operaciones ofensivas, menor capacidad de disuasión en varias regiones y una expansión territorial de grupos armados ilegales.
La magnitud del problema se expresa, además, en 376 municipios donde el Estado ya no es capaz de imponer su autoridad.
La propuesta apunta a un Plan Colombia 2.0
El nuevo gobierno reincorporará herramientas militares que habían quedado descartadas, entre ellas los bombardeos contra campamentos de organizaciones armadas. Pero reducir la estrategia de seguridad a esa discusión, advierte el planteamiento, sería un error: ninguna acción aislada sustituirá una política integral de recuperación del Estado.
La apuesta de fondo es impulsar un Plan Colombia 2.0, no como una reedición literal del programa que hace un cuarto de siglo debilitó a las FARC y fortaleció las instituciones, sino como una estrategia adaptada a las amenazas actuales.
Ese plan debería reconstruir la cooperación de inteligencia con Estados Unidos; modernizar las Fuerzas Armadas con nuevo equipamiento militar, vigilancia satelital, inteligencia artificial y guerra electrónica; fortalecer las Fuerzas Especiales y la movilidad aérea; atacar las finanzas del narcotráfico y del crimen organizado; y recuperar la capacidad ofensiva del Estado frente a las organizaciones ilegales.
La diferencia con el Plan Colombia original, añade el texto, es que hoy el principal desafío ya no está solo dentro del territorio nacional. El narcotráfico, el terrorismo, la minería ilegal, el contrabando y el lavado de activos operan como un ecosistema criminal transnacional con uno de sus principales centros de gravedad en el eje colombo-venezolano.
Mientras esas estructuras mantengan refugios relativamente seguros y corredores logísticos, cualquier éxito militar dentro de Colombia tendrá un alcance limitado. Por eso, la respuesta requerirá una cooperación más sofisticada con Estados Unidos en inteligencia, vigilancia tecnológica, control financiero y persecución de redes criminales transnacionales.
La apuesta final es convertir la reconstrucción de las Fuerzas Armadas y de la cooperación con Washington en una política de Estado. Si eso ocurre, Colombia no solo reforzaría su seguridad interna: también buscaría recuperar el papel de aliado estratégico indispensable en la defensa de la estabilidad hemisférica.
