La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) exigió una evaluación técnica independiente de la infraestructura de la cárcel Rodeo I, en el estado Miranda, tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 ocurrido el pasado 24 de junio.

La organización advirtió que, hasta ahora, las autoridades no han establecido protocolos preventivos ni han permitido el ingreso de organismos independientes para verificar el estado del penal y las condiciones de reclusión.

Temen daños en la estructura del penal

En una publicación en X, Clippve afirmó que los presos políticos permanecen en un área común interna, bajo vigilancia y control máximo de las autoridades penitenciarias.

La ONG señaló que su exigencia es no quedar atrapados en celdas consideradas inseguras ante nuevos movimientos sísmicos.

También dijo que dentro del penal persisten amenazas y el temor de que funcionarios vuelvan a emplear la fuerza del Grupo de Respuesta Inmediata de Custodios (GRIC), así como de otro grupo violento, para obligarlos a permanecer encerrados en celdas cuya seguridad estructural no ha sido verificada.

La ONG pide frenar amenazas y permitir acceso independiente

Clippve pidió el cese de las amenazas, represalias y criminalización contra las víctimas, sus familiares y las organizaciones que denuncian las condiciones de los presos políticos.

Igualmente, solicitó el ingreso de organismos nacionales e internacionales independientes.

La organización sostuvo que la responsabilidad política de prevenir nuevas violaciones recae directamente sobre Delcy Rodríguez, a quien describió como autoridad interina del Ejecutivo.

El viernes, el comité también exigió una investigación independiente sobre las denuncias de torturas contra presos políticos en Rodeo I, luego de sostener una reunión con el ministro para el Servicio Penitenciario, Julio García.

Clippve aseguró que García minimizó los hechos reportados.

Familiares de presos políticos señalaron recientemente a EFE que las autoridades han abandonado a los detenidos tras los sismos, con deterioro de la alimentación y falta de atención a algunas estructuras que sufrieron daños.

Hasta el momento, el Ejecutivo venezolano no ha dado un balance oficial sobre la situación de los detenidos y de las cárceles tras los terremotos.