Justicia

Juez de Miami ordena pagar 314 millones a tres estadounidenses

La sentencia en rebeldía concluyó que hubo torturas y detenciones usadas para presionar a Washington por la liberación de Alex Saab.

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Un juez federal en Miami ordenó el pago de 314 millones de dólares en indemnizaciones a tres ciudadanos estadounidenses que estuvieron detenidos en Venezuela y, según la demanda, fueron torturados por los servicios de inteligencia antes de ser liberados en 2023 en un intercambio por Alex Saab.

La decisión judicial

El juez Darrin P. Gayles emitió este martes una sentencia en rebeldía contra Nicolás Maduro, Saab, otros funcionarios venezolanos y el llamado Cartel de los Soles, luego de que los demandados no respondieran a la demanda presentada en agosto de 2025 en Miami. No hubo juicio, porque, aunque fueron notificados, no presentaron defensa.

Delcy Rodríguez figuraba inicialmente entre los demandados, pero quedó fuera del fallo. Según The Associated Press, sus abogados pidieron en abril desestimar el caso alegando inmunidad como jefa de Estado ante demandas civiles en Estados Unidos.

Los demandantes y las acusaciones

Los demandantes son Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar José Marval, además de varios de sus familiares. La acción judicial sostiene que los tres fueron arrestados y mantenidos como rehenes para presionar a Washington por la liberación de Saab, señalado como uno de los principales operadores financieros del chavismo.

De acuerdo con el documento, Maduro activó una estrategia de detención de ciudadanos estadounidenses después de que Saab fue capturado y extraditado a Miami, donde enfrentaba acusaciones de conspiración para lavar dinero. Los tres hombres permanecieron en instalaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, en Caracas: Kenemore durante 643 días, Saad por 560 días y Marval por 123.

La demanda describe golpizas, descargas eléctricas, posiciones de estrés, amenazas y aislamiento. En el caso de Kenemore, también se mencionan privación de alimentos y agua, además de abusos psicológicos. El fallo señala que intentó suicidarse dos veces y que continúa con ataques de pánico, ansiedad, depresión, úlceras estomacales y otros padecimientos.

El cálculo de la indemnización

Para Marval, el expediente afirma que las palizas le fracturaron la espalda y le dejaron dolores crónicos. Saad habría sido atado de manos y pies en una posición que le desgarró los tendones del brazo, pasó buena parte del cautiverio en aislamiento, no recibió atención médica adecuada y perdió dos dientes.

El juez consideró que las acciones constituyeron actos de terrorismo internacional bajo la Ley Federal Antiterrorista, al buscar influir en la conducta del Gobierno estadounidense. También fueron imputadas bajo la Ley Antiterrorista de Florida y la ley federal RICO contra empresas criminales organizadas.

La ley estadounidense permite que ciudadanos víctimas de terrorismo internacional reclamen daños. En este caso, el juez aplicó una fórmula de 20.127 dólares por día de cautiverio, más sumas adicionales por las torturas, y luego triplicó las indemnizaciones como establece la normativa. El documento no identifica activos concretos para ejecutar el cobro.

Según The Associated Press, se trata de la mayor indemnización concedida hasta ahora en demandas presentadas en Estados Unidos por ciudadanos estadounidenses encarcelados en Venezuela. El fallo también vinculó los casos con el narcotráfico del que está acusado Maduro, al señalar que el Cartel de los Soles y los demás demandados prestaron apoyo material.

Kenemore, Saad y Marval fueron liberados el 20 de diciembre de 2023 junto con otros estadounidenses, en un intercambio por Saab, que estaba detenido en Miami a la espera de juicio por cargos de lavado de dinero. Los venezolanos trasladaron a los prisioneros encapuchados hasta San Vicente y las Granadinas, donde se produjo el canje.

Saab volvió a estar preso en Miami tras ser entregado en mayo por el Gobierno de Rodríguez. Allí enfrenta acusaciones de lavado de dinero en una supuesta trama de sobornos a funcionarios para obtener contratos millonarios del programa estatal de alimentos CLAP, entre otros cargos.

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