Juan Pablo Guanipa
En rueda de prensa, acompañado de todos los factores políticos y sociales de la Unidad Democrática, Julio Borges, Presidente de la Asamblea Nacional, informó al país de un Gran Acuerdo Nacional cuyo lema fundamental es “¡Que sea el pueblo quien decida!”.
Los aspectos operativos más importantes de ese acuerdo, son los siguientes: 1. La realización, el día 16 de julio, de un plebiscito que, de acuerdo con el ártículo 71 de la Constitución será convocado por la Asamblea Nacional, en el que los ciudadanos decidiremos si estamos o no de acuerdo con la Asamblea Nacional Constituyente, con la permanencia de Maduro en la conducción dictatorial del país y con el rol que debe jugar la Fuerza Armada nacional. 2. La aprobación en la Asamblea Nacional del nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. 3. La aprobación parlamentaria de la designación de los rectores del Consejo Nacional Electoral. 4. La intensificación de la protesta de calle y, luego de la consulta del 16J, la activación de la Hora Cero y la presencia indefinida del pueblo en la calle para hacer respetar la decisión popular. 5. La conformación de un gobierno de Unidad Nacional.
Como vemos, la decisión de la Unidad venezolana es restearse con Venezuela, es echar el resto para impedir esta Constituyente contra el pueblo. Pero más allá de eso, busca la Unidad que por la vía constitucional, termine el gobierno dictatorial de Maduro que tanto daño ha hecho en lo político, en lo social, en lo económico, en lo cultural, en lo ético y en lo institucional. No hay un mecanismo que no sea la protesta de calle para lograr el resultado que nuestro pueblo mayoritariamente aspira.
La protesta no es un fin en sí mismo. Es un instrumento constitucional para ejercer la presión necesaria para que se produzcan los cambios que exige el país. Esa protesta, legítima, constitucional y necesaria, es utilizada, en algunos casos, por factores delincuenciales amparados por el gobierno y por el Psuv, para saquear, cobrar vacunas o peajes, robar y cometer cualquier tipo de fechorías.
No discuten la raíz, la razón, la causa de la protesta. Saben que se han volado todas las barreras normativas, que le han dado un golpe mortal a la democracia y a la misma república, pero tratan de justificar su acción con los daños que terceros, insisto, amparados por ellos, ocasionan a la colectividad. Por eso, quienes ejercemos el derecho a la protesta, debemos actuar cada día con más organización y disciplina, respetando los parámetros establecidos por la conducción de la MUD y debemos exigir que quienes aprovechen la situación para delinquir y sus hechos sean demostrados, sean detenidos y sus procedimientos judiciales llevados adelante.
Las razones para protestar no sólo están intactas sino que día a día se profundizan con decisiones tan haladas por los cabellos como el antejuicio de mérito a la Fiscal General de la República. Los poderes ejecutivo, judicial, electoral y parte del ciudadano han llegado a un nivel tal de degradación que han acabado con cualquier posibilidad de que este país tenga viabilidad mientras esos poderes sigan en manos de irresponsables que se burlan de la Constitución y de la inteligencia de los venezolanos.
Este momento tan oscuro de la historia de nuestro país va a ser superado por la acción de un pueblo en la calle que va a lograr detener esta locura del poder y va a lograr que volvamos a someternos a la sensatez y a la cordura de la ley. Nunca perderé la esperanza de ver a mi patria libre y democrática. Siempre mantendré en alto el sueño de tener un país próspero y lleno de oportunidades. Va cediendo esta oscuridad. ¡Pronto veremos la luz!