Terremotos abren una nueva grieta política para el chavismo en medio de la emergencia

Los terremotos del pasado 24 de junio no solo dejaron daños en Venezuela: también abrieron una nueva grieta política para el chavismo, que enfrenta cuestionamientos por la gestión de la emergencia mientras corre un plazo clave tras la salida de Nicolás Maduro del ejercicio efectivo del poder.

La respuesta oficial quedó bajo escrutinio

Desde los primeros días después de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5, Delcy Rodríguez intentó proyectar control institucional con recorridos, balances oficiales y reuniones televisadas. Pero en las zonas más golpeadas, especialmente en La Guaira, sobrevivientes y familiares denunciaron retrasos, falta de coordinación inicial y comunidades que tuvieron que organizarse para rescatar a sus propios vecinos.

La presión subió cuando corresponsales extranjeros llevaron las denuncias a una rueda de prensa encabezada por Rodríguez. María Martín, de El País, señaló que damnificados entrevistados dijeron sentirse abandonados durante las primeras 72 horas, mientras que Julio Vaqueiro, de Telemundo, planteó que venezolanos afectados afirmaban no haber recibido una respuesta efectiva.

Rodríguez negó esas críticas y sostuvo que el Estado actuó desde el primer momento. “Hicimos todo lo que está en nuestra mano y seguiremos haciendo lo que está en nuestras manos, y más”, dijo, al afirmar que hubo movilización de funcionarios, organismos nacionales y apoyo internacional.

El calendario constitucional añadió presión política

En paralelo al desastre natural, se cumple el vencimiento del período de 180 días desde la salida de Maduro del ejercicio efectivo del poder. Sectores críticos del chavismo consideran ese lapso decisivo para activar los mecanismos previstos en la Constitución venezolana sobre las faltas presidenciales.

El artículo 234 establece que las faltas temporales del presidente pueden ser suplidas por el vicepresidente ejecutivo hasta por 90 días, prorrogables por decisión de la Asamblea Nacional por 90 días adicionales. Después de ese período, corresponde determinar si existe una falta absoluta.

Para abogados y dirigentes críticos del chavismo, sostener una figura interina más allá de ese límite sin una definición formal profundizaría la crisis institucional. Plantean que, agotado el plazo, debería abrirse el camino para reconocer una ausencia absoluta y convocar un proceso electoral presidencial conforme a la Carta Magna.

El silencio de las instituciones controladas por el chavismo aumenta las dudas sobre el futuro inmediato. La Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia no han avanzado hacia una decisión definitiva, mientras Rodríguez continúa ejerciendo funciones en medio de la emergencia más grave registrada en años.

La catástrofe también obligó a una amplia asistencia internacional, con la llegada de equipos extranjeros, rescatistas y ayuda humanitaria, lo que evidenció que el país necesitó apoyo externo masivo para enfrentar una tragedia que superó las capacidades internas.

En ese escenario, la presión sobre Delcy no solo proviene de los escombros dejados por los terremotos, sino también de un calendario constitucional que reaviva la pregunta sobre cuánto tiempo puede sostenerse una transición indefinida sin volver a consultar a los venezolanos.