Las ONG Clima21 y Provea expresaron su profunda preocupación por los recientes acuerdos energéticos y las licencias operativas emitidas por los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela para reactivar y expandir la industria de hidrocarburos, señalando la absoluta falta de información pública sobre las medidas de protección ambiental que deberían acompañar estas decisiones.
Derechos ambientales en riesgo por el extractivismo
Las organizaciones defensoras sostienen que la recuperación económica del país no puede hacerse a costa de los derechos humanos ambientales. En su pronunciamiento, recuerdan que el derecho a un ambiente sano, seguro y sostenible es indispensable para garantizar otros derechos fundamentales, como la salud, el acceso al agua y un nivel de vida adecuado.
Este planteamiento se produce mientras persiste, según Clima21 y Provea, un modelo sustentado en la expansión del extractivismo petrolero y minero como respuesta directa a la crisis socioeconómica, pese a los graves problemas sociales y ambientales históricamente asociados con estas actividades en el territorio nacional.
Reclamos por justicia y libertades
En paralelo al debate energético, familiares de presos políticos se han manifestado en Caracas para exigir la liberación de los más de 380 ciudadanos que aún permanecen detenidos en el país, denunciando la falta de actuación judicial ante las denuncias de violaciones a los derechos humanos.
«Las leyes aquí son muy bonitas, pero lamentablemente quienes están ejerciéndolas las hacen letra muerta», denunció Massiel Cordones, madre del teniente y preso político José Ángel Barreno, durante la protesta en Caracas por la liberación de los más de 380 presos políticos que aún están en Venezuela.
