Una nueva comunicación formal presentada ante la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) solicita investigar una presunta estructura financiera que habría contribuido a sostener el aparato represivo estatal y el funcionamiento de centros de reclusión, entre ellos el penal de El Rodeo I.

Solicitud de investigación sobre flujos de capitales y flotas opacas

La presentación estuvo a cargo de Leocenis García, quien pide incorporar el desfalco de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) al análisis de los presuntos crímenes de lesa humanidad examinados por la CPI en la Situación Venezuela I (ICC-02/18). El documento sostiene que la malversación de recursos de la renta petrolera y el uso de estructuras financieras y flotas opacas habrían servido para financiar la logística del aparato represivo.

García pide al fiscal Karim Khan solicitar asistencias judiciales para investigar y verificar los flujos de capitales y las operaciones logísticas, financieras y navieras de distintos operadores e intermediarios. La solicitud plantea además auditar el uso de sociedades, compañías de seguros, operaciones en el mercado de valores venezolano y transacciones Swift para determinar cómo se movilizaron los recursos.

Testimonio de detención y exigencia de medidas cautelares

En el caso específico de El Rodeo I, el escrito señala que mandos del recinto justificaban ante los detenidos que la infraestructura y el financiamiento del penal dependían de aportes directos realizados por empresarios e intermediarios financieros vinculados con la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

El comunicante también incorpora en el expediente su propia experiencia como detenido en El Rodeo I entre 2024 y 2026. García afirma que permaneció privado de libertad bajo períodos prolongados de incomunicación y acusado de terrorismo, describiendo condiciones que califica como tratos crueles, inhumanos y degradantes, entre ellas aislamiento forzado, desnudez permanente, encapuchamiento, huelga de hambre y esquemas de experimentación coercitiva.

Finalmente, la comunicación solicita a la CPI adoptar medidas cautelares de congelamiento de bienes contra los intermediarios que, según sostiene García, colaboraron conscientemente con la estructura económica para sostener las operaciones de los recintos de detención.