Ante el inicio del año escolar 2026-2027 y tras el doblete sísmico registrado en junio, la abogada Yumildre Castillo, profesora de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), advirtió que el Estado tiene la responsabilidad ineludible de garantizar que las instituciones educativas no representen un escenario de riesgo para los menores de edad.
Garantías estructurales y servicios básicos
La experta en derecho de familia señaló que la prioridad absoluta es la certificación de seguridad de las edificaciones escolares. Ningún colegio o liceo debe abrir sus puertas sin un veredicto de ingenieros civiles que avale que la infraestructura es sismorresistente, descartando revisiones visuales superficiales que no prevengan colapsos ante posibles réplicas.
Asimismo, Castillo exigió que las instituciones escolares sean desvinculadas de su uso actual como refugios temporales para familias damnificadas. De acuerdo con la especialista, la coexistencia de ambas funciones pone en vulnerabilidad a la población estudiantil, por lo que las autoridades deben proveer espacios alternativos y dignos para los afectados antes de retomar las actividades académicas.
Como tercer punto crítico, la docente universitaria recalcó la necesidad de asegurar agua potable continua y un saneamiento ambiental adecuado para prevenir brotes epidemiológicos y condiciones indignas durante la jornada escolar.
Salud mental y actualización de protocolos
El impacto emocional de los sismos en la comunidad estudiantil demanda la implementación de programas de apoyo psicológico. La especialista abogó por dotar al personal docente y administrativo de herramientas pedagógicas y capacitación en primeros auxilios físicos y mentales para identificar cuadros de estrés postraumático y acompañar el duelo infantil.
Finalmente, se instó a actualizar los protocolos de gestión de riesgo en cada plantel mediante planes de evacuación, rutas claras, puntos de encuentro seguros y la ejecución de simulacros desde el primer día de clases, recordando que la prevención debe constituirse como una norma permanente para proteger la integridad física y emocional de los alumnos.
