Luis Carlos Díaz sostuvo que los terremotos de este 24 de junio dejaron al descubierto las debilidades de la atención humanitaria en Venezuela y las atribuyó a años de restricciones contra organizaciones civiles, medios de comunicación y trabajadores humanitarios.
«Estamos pagando la factura de que Jorge Rodríguez, la AN (Asamblea Nacional) y el chavismo en general hayan perseguido a las organizaciones humanitarias con el “Informe Citgo” de 2024, que significó la eliminación de varias ONG y el exilio de muchos de sus directivos y trabajadores».
Luis Carlos Díaz
El “Informe Citgo” y el exilio de directivos marcaron, según Díaz, la respuesta al desastre
En un pronunciamiento difundido en redes sociales, Díaz sostuvo que la respuesta al desastre se ha visto afectada por decisiones adoptadas en los últimos años contra el tejido humanitario del país. Afirmó que esas acciones provocaron la salida de personal especializado que durante años trabajó en labores de asistencia y atención de emergencias.
“Allí había gente técnica, independiente y con conocimientos que no pudo seguir trabajando más en terreno”.
La prensa libre y la confianza internacional quedaron bajo presión
Díaz también cuestionó la actuación del Estado frente a trabajadores humanitarios extranjeros y sostuvo que esos hechos han deteriorado la confianza internacional para canalizar ayuda hacia Venezuela.
En su mensaje, insistió en que uno de los elementos fundamentales durante una emergencia de esta magnitud es garantizar el libre ejercicio del periodismo, al considerar que la cobertura informativa resulta indispensable para documentar las necesidades de la población y facilitar la llegada de asistencia.
«Es fundamental que se eliminen las amenazas y limitaciones a la prensa, como ocurrió con la vaguada en Aragua, hace pocos años, donde expulsaron y hostigaron a los periodistas que querían trabajar. Humanitariamente debe permitirse el acceso libre de la prensa para visibilizar lo que ocurre, sin poner en riesgo sus vidas ni hacer daño».
Luis Carlos Díaz
La intervención de la Cruz Roja Venezolana y la ley de ONG quedaron en el centro de las críticas
Asimismo, recordó la intervención judicial de la Cruz Roja Venezolana en 2023, cuando el Tribunal Supremo de Justicia designó una junta reestructuradora, una decisión que fue cuestionada por centenares de organizaciones nacionales e internacionales al considerar que comprometía la autonomía de la institución. Posteriormente, en 2024, la organización eligió una nueva directiva para culminar el proceso de reestructuración.
“Este es el momento donde resalta que la Cruz Roja Venezolana haya sido intervenida por el chavismo, a través del Tribunal Supremo de Justicia, para imponer una directiva a su medida. Esa violación gravísima al derecho de asociación le terminó de tumbar muchos puntos a Venezuela en rankings internacionales y fue rechazada por organismos de protección”, subrayó.
El periodista también vinculó las dificultades actuales con la legislación que regula a las organizaciones no gubernamentales. Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han advertido que la normativa aprobada en 2024 podría restringir el funcionamiento de organizaciones humanitarias y de derechos humanos debido a nuevos requisitos administrativos y facultades de supervisión estatal.
“También en el conteo hay que incluir que la ley contra las ONG aprobada en 2024 mantiene en el limbo a decenas de miles de organizaciones sociales a las que se les impide tener un registro solvente porque básicamente se les ha bloqueado con burocracia y discriminación política. Esa ley debe ser derogada, tanto como las órdenes a los bancos y al Seniat para fiscalizar agresivamente a las ONG para asfixiarlas”.
Control de cambios y trabas bancarias asfixian la ayuda humanitaria
En materia económica, Díaz sostuvo que las limitaciones para el ingreso de recursos y las restricciones al sistema financiero también representan un obstáculo para atender situaciones de emergencia.
“Es clave también que lo económico se libere. En Venezuela se mantiene un control de cambios que afecta la forma en la que ingresan los fondos al país. Los cepos a la banca dificultan el envío de dinero, porque el chavismo quería meterle mano a los flujos financieros de la diáspora y sus familias. Por eso la mayoría de la gente usa medios alternativos para enviar remesas”, manifestó.
Finalmente, consideró que la crisis generada por los terremotos debería abrir un debate sobre las condiciones en las que operan las organizaciones humanitarias en el país y la necesidad de fortalecer mecanismos independientes de asistencia.
Muchas organizaciones fueron amenazadas usando el argumento de que debían ser “neutrales” para que dejaran de denunciar violaciones de derechos humanos, corrupción y abusos estatales. Así se sometió a una parte del tejido humanitario en el país.
