El gremio de la ingeniería civil y la sociedad civil organizada activaron un despliegue técnico de emergencia en la región centro-norte de Venezuela para evaluar la seguridad de las infraestructuras remanentes, luego de las críticas por la respuesta tardía del Estado tras el doble terremoto del 24 de junio.

Ese episodio dejó un balance oficial de 2.595 fallecidos, 189 edificaciones totalmente colapsadas y otras 774 con daños severos.

Una plataforma para revisar inmuebles a distancia

Ante el vacío inicial en las inspecciones habitacionales, la diáspora venezolana en España, coordinada por la asociación H y Machete, lanzó la plataforma digital “Sismo Ayuda VE”.

La aplicación, dirigida por el ingeniero estructural Luken Quintana, recopila material audiovisual de los inmuebles afectados para ser evaluado a distancia por una red de más de 1.200 profesionales voluntarios bajo los parámetros internacionales del Applied Technology Council (ATC).

Hasta la fecha, el sistema registra 1.300 inmuebles censados y proyecta el desalojo preventivo de unas 300 estructuras con daños críticos comprometedores.

El semáforo oficial y la inducción a nuevos inspectores

Por su parte, el presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV), Enzo Betancourt, informó que la institución dicta jornadas intensivas de inducción en patología estructural a profesionales y estudiantes del último año de la UCV, UCAB y la Unimet.

Betancourt enfatizó la importancia del rigor metodológico y aclaró que el CIV no otorgará certificaciones independientes, al defender que el etiquetado definitivo debe centralizarse a través de las gerencias de Ingeniería Municipal para evitar dictámenes contradictorios o informales que alarmen a la población.

En paralelo, los inspectores civiles de la plataforma digital se adhirieron formalmente al operativo nacional coordinado por la Comisión Presidencial para la Evaluación de la Habitabilidad, presidida por el ingeniero Francisco Garcés.

El Estado implementó el protocolo oficial del “Semáforo”, un sistema de evaluación rápida de valor legal y vinculante que clasificará las viviendas mediante tarjetas físicas visibles en sus accesos principales: Verde, para estructura segura; Amarillo, para daño moderado y acceso restringido; y Rojo, para daño grave, desalojo inmediato e inhabitable.

En los casos de alerta amarilla, se requerirá la intervención obligatoria de ingenieros forenses con posgrado en patología para determinar la resistencia estructural residual.