Las familias de los 147 venezolanos repatriados forzosamente desde Estados Unidos en el vuelo de deportación 164 siguen sin respuestas claras sobre su paradero, en medio de denuncias de desinformación institucional y trabas para acceder a los centros donde pudieron haber sido ingresados.

El grupo, que incluía a cinco menores de edad, fue recluido por las autoridades en el Hotel Santuario La Llanada para un proceso de registro forense y epidemiológico. La estructura colapsó por completo durante el doble terremoto del pasado 24 de junio.

La cifra oficial de sobrevivientes sigue bajo cuestionamiento

A una semana de la catástrofe, los balances del Ejecutivo nacional solo computan de forma oficial a 12 sobrevivientes de la edificación, una cifra que ha sido cuestionada por personas que estuvieron en el lugar.

Testigos presenciales como Luis Daniel Castillo y Branli Zárate dijeron públicamente que la cantidad real de sobrevivientes podría ubicarse en torno a las 30 personas. Según sus declaraciones, lograron ver a varios compañeros del vuelo en el Hospital José María Vargas y en las adyacencias de los escombros antes de que se restringiera el acceso perimetral.

Más de 25 dependencias recorridas por las familias

Las denuncias de los allegados apuntan a la opacidad y a los bloqueos de los cuerpos de seguridad civil. De acuerdo con sus testimonios, han recorrido más de 25 dependencias entre Caracas y el litoral central sin conseguir información consistente.

También reportan contradicciones en los listados: un mismo nombre aparece al mismo tiempo en los registros de sobrevivientes del Hospital Militar, en las actas de la morgue de Bello Monte y en el centro de acopio forense de Los Silos.

Además, señalaron que comisiones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) impidieron el ingreso de los padres a los centros médicos para comprobar la identidad de los ingresados.

Juristas especializados en derechos humanos recordaron que, al estar bajo un régimen de retención obligatoria y sin sus teléfonos celulares por órdenes policiales, los deportados permanecían bajo custodia y responsabilidad jurídica del Estado.

Mientras crecen las denuncias por negligencia estructural en el mantenimiento del hotel, la comunidad médica atiende casos de gravedad extrema, como el del joven Anderson Salcedo, de 21 años de edad, quien debió sufrir la amputación traumática de ambas extremidades inferiores tras resistir 40 horas tapiado bajo el hormigón.