De cara al inicio del año escolar, especialistas en el área jurídica y académica han advertido sobre la urgencia de establecer condiciones mínimas que resguarden a niños, niñas y adolescentes luego de la emergencia sísmica registrada en el país. Ante este panorama, se han expuesto cinco obligaciones fundamentales que deben cumplirse para garantizar que los planteles educativos funcionen como espacios verdaderamente seguros y libres de riesgos adicionales para la comunidad estudiantil.
Yumildre Castillo, docente vinculada a la Clínica Jurídica de la UCAB y profesora de la Especialización en derecho de familia y del niño de la UCAB, señaló que la escuela debe posicionarse como el lugar más seguro después del hogar. Advirtió que, si el espacio físico o emocional se encuentra comprometido tras los eventos telúricos, el retorno a las aulas en lugar de proteger a los menores podría terminar por revictimizarlos.
Prioridades estructurales y servicios básicos
El primer aspecto planteado se centra en la certificación estructural obligatoria de escuelas y liceos. La especialista explicó que los movimientos telúricos suelen dejar daños invisibles a simple vista, por lo que ningún plantel debería abrir sus puertas sin un dictamen técnico formal emitido por ingenieros civiles que avale que la infraestructura es sismorresistente y segura ante posibles réplicas.
Como segundo punto, se destacó la necesidad de desvincular de forma definitiva a los centros educativos de su uso temporal como refugios para familias damnificadas antes de la reactivación de las actividades académicas. Esto implica garantizar previamente soluciones habitacionales alternativas y dignas para la población afectada, evitando así la superposición de funciones que pongan en riesgo la protección integral de ambas comunidades.
Asimismo, se subrayó la importancia de asegurar el funcionamiento óptimo de los servicios públicos básicos dentro de los colegios. La falta de suministro continuo de agua potable, sistemas de saneamiento adecuados y electricidad puede derivar en brotes epidemiológicos o condiciones de permanencia indignas durante la jornada escolar.
Salud mental y gestión de riesgos
El cuarto eje de acción aborda la estabilidad emocional y la atención de la salud mental de los alumnos y del personal docente. Tras el impacto psicológico derivado de los sismos, se exhorta a las instituciones a instrumentar programas de apoyo emocional, dotando a los maestros de herramientas pedagógicas idóneas para identificar cuadros de ansiedad, estrés postraumático y acompañar el duelo infantil de manera adecuada.
Finalmente, se insistió en la actualización y aplicación estricta de los protocolos de gestión de riesgo en cada unidad educativa. Esto comprende planes de evacuación institucional debidamente validados, rutas de salida completamente despejadas, puntos de encuentro externos seguros y la realización de simulacros obligatorios desde el primer día de clases, con el fin de evitar que una reactivación apresurada se convierta en una acción con daños irreparables.
