El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB) pidió el 6 de julio de 2026 a la administración pública venezolana y a la comunidad internacional conceder medidas de protección a los desplazados internos, migrantes y refugiados venezolanos, en medio de la emergencia provocada por los sismos del 24 de junio.
La emergencia por los sismos agravó el desplazamiento
En su comunicado, el CDH-UCAB advirtió que el alcance de la tragedia agravó la emergencia humanitaria y económica ya existente, tras el colapso de infraestructura que dejó a miles de familias sin hogar.
La institución sostuvo que ya comenzaron a registrarse desplazamientos internos y que también podrían producirse movimientos migratorios transfronterizos.
Veronique Durroux, portavoz de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) para Latinoamérica y Caribe, informó a la agencia EFE el 5 de julio que la institución registra “cada vez más desplazamientos hacia estados que no han sido afectados”, especialmente hacia Táchira, Zulia y Delta Amacuro.
El último reporte de la administración pública venezolana, publicado el 6 de julio de 2026, indicó que 17 854 personas quedaron sin vivienda como consecuencia de los terremotos del 24 de junio.
El llamado a frenar deportaciones y retornos obligatorios
El CDH-UCAB reiteró que los países receptores de los venezolanos desplazados forzadamente por el desastre socionatural deben cancelar o suspender las deportaciones o retornos obligatorios por seis meses como mínimo.
El documento también señala que el derecho internacional de los refugiados y de los derechos humanos prohíbe las expulsiones colectivas y las detenciones arbitrarias asociadas a ellas.
La institución académica pidió además restablecer los servicios consulares y exonerar del pago por los salvoconductos. Desde las elecciones presidenciales de 2024, Venezuela ha roto o suspendido relaciones consulares con Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Perú y Paraguay, entre otros.
El pasado 24 de junio, la administración pública nacional recibió a 146 venezolanos deportados desde Estados Unidos a través del programa gubernamental Misión Vuelta a la Patria. Fueron trasladados al Hotel Santuario La Llanada, en La Guaira, el estado más afectado por los terremotos.
Según reportes del The New York Times, hasta la fecha no se ha informado a sus familiares del paradero de la mayoría de ellos.
La protección internacional que cita Cartagena
El centro reiteró que los países receptores deben proveer el estatuto de protección del refugiado y sus obligaciones complementarias, como la no deportación.
En su planteamiento, citó que en el contexto de desastres socionaturales las personas que buscan protección internacional podrían calificar para el reconocimiento de la condición de refugiado conforme con el artículo 1A(2) de la Convención de 1951, o por verse obligadas a huir como consecuencia de acontecimientos que perturben gravemente el orden público, según la Conclusión III(3) de la Declaración de Cartagena sobre refugiados de 1984.
La portavoz de la OCHA también señaló a EFE que los refugios serán temporales, por un mes, y que por ello urge mantener la ayuda humanitaria en Venezuela.
“Los terremotos afloraron muestras importantes de solidaridad desde países que no tienen afinidad ideológica con Venezuela. Los ciudadanos no tienen por qué cargar con las consecuencias de las diferencias políticas entre sus gobernantes”, añadió la institución académica.
