El presidente de Chile, José Antonio Kast, anunció el envío al Congreso de dos reformas orientadas a endurecer el control migratorio, entre ellas la ampliación del plazo de retención de extranjeros en situación irregular: de cinco días a un periodo de hasta 60 días prorrogables para concretar su expulsión. El mandatario formuló el anuncio durante una visita al Complejo Fronterizo Chacalluta, en la región de Arica, donde supervisó obras en la línea fronteriza.
Contenido de las propuestas
La iniciativa incluye cambios constitucionales destinados a permitir la modificación de la Ley de Migración y Extranjería y adaptar los plazos y procedimientos a los nuevos parámetros. Según lo comunicado por el gobierno, el proyecto propone ampliar el plazo actual de retención de cinco días a 60 días prorrogables y contempla, además, dos prórrogas que podrían aplicarse cuando existan razones debidamente fundadas.
Sanciones administrativas y cambios al Código Penal
El Ejecutivo describió las medidas como herramientas para aplicar sanciones administrativas —no penales— a personas que ingresaron irregularmente y que cuentan con decretos de expulsión. En paralelo, se presentó un proyecto de ley para tipificar como delito la entrada y salida irregular de migrantes, así como para agravar la pena a quienes faciliten su traslado dentro del país.
El Ejecutivo también anunció una modificación del Código Penal que incluiría el traslado de inmigrantes irregulares dentro del territorio nacional como conducta punible y ampliaría el tratamiento del tráfico de migrantes en el retorno a sus países cuando se trate de retornos irregulares.
Acciones en frontera y antecedentes políticos
Kast visitó las líneas fronterizas y supervisó la construcción de zanjas. Desde su llegada a La Moneda, el presidente —el primer mandatario de extrema derecha elegido en Chile desde el retorno a la democracia— ha impulsado medidas de mayor control fronterizo, incluyendo la construcción de zanjas en el desierto de Atacama y en los límites con Perú y Bolivia, una de las promesas de su campaña orientadas a aplicar mano dura contra la migración irregular.
Cifras oficiales sobre migración irregular
Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en Chile hay más de 330.000 extranjeros en situación irregular. En 2025 se registraron 26.275 denuncias por ingreso por pasos no habilitados, cifra que representa una caída del 10,2 % respecto a 2024 y del 53,6 % respecto al máximo histórico de 2021, cuando se contabilizaron 56.586 denuncias. Las autoridades señalaron que la mayoría de los reportados en 2025 eran ciudadanos venezolanos.
El año anterior fue el que tuvo mayor número de expulsiones administrativas desde 2016: 23.778. De esas expulsiones, el 64,2 % afectó a venezolanos, el 12,7 % a colombianos y el 11,9 % a bolivianos. No obstante, de las expulsiones efectivamente materializadas, el 50,7 % correspondió a colombianos, ya que Chile y Venezuela suspendieron relaciones diplomáticas el 30 de enero de 2025, lo que impidió la ejecución de expulsiones dirigidas a nacionales venezolanos.
Implicaciones
El gobierno plantea que las modificaciones legislativas y constitucionales reforzarán las herramientas administrativas para gestionar la expulsión de personas en situación irregular y sancionar a quienes faciliten desplazamientos irregulares. Las propuestas ahora deberán ser debatidas y aprobadas en el Congreso para entrar en vigor.
