La discusión de la partida del Ministerio de Justicia abrió una nueva jornada de choque en el Congreso chileno, con carteles, gritos y advertencias de sanción en medio del debate por las rebajas de penas a condenados por abuso sexual de menores.

El episodio se produjo cuando Javier Macaya puso en discusión el presupuesto de esa cartera y desde la oposición aparecieron letreros impresos con la frase “Renuncia Rabat”, pese a que el ministro no estaba presente en la sala.

Carteles, gritos y llamados al orden

Según el relato de la sesión, Juan Luis Castro pidió incluso un trozo de cinta adhesiva para pegar uno de los carteles en su pantalla. Macaya hizo un primer llamado al orden, pero la tensión siguió subiendo a medida que avanzaba el debate.

En ese intercambio, Consuelo Veloso le gritó al presidente de la comisión que tenía “una debilidad en la materia”, en alusión a la condena de su padre por abuso sexual de menores. Luego, Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini rechazaron retirar los letreros y también lanzaron insultos contra la conducción de la sesión.

Macaya advirtió que podía aplicar sanciones del reglamento, incluido impedir el uso de la palabra. La disputa dejó una de las escenas más ásperas de la tramitación presupuestaria reciente, en una sala donde el tono del debate venía escalando desde hacía semanas.

Las inadmisibilidades que alteraron la correlación de fuerzas

Otro frente de conflicto fue el de las declaraciones de inadmisibilidad. Esta semana, la oposición consiguió revertir el criterio de la mesa en tres ocasiones, con votos de diputados del gobierno en al menos dos de esas instancias.

La primera fue una moción impulsada por el Partido Comunista para obligar a las AFP a devolver a los afiliados los dineros perdidos en los fondos D y E. Con apoyo de diputados oficialistas y sin monitoreo de la Segpres en la sala, la oposición logró que la iniciativa fuera declarada admisible.

El miércoles ocurrieron otros dos cruces. Uno fue la propuesta de Marcela Hernando para reconocer al Sistema de Atención Médica de Urgencia como una función estratégica y procurar que opere las 24 horas del día, los 365 días del año. La mesa la declaró inadmisible, pero en la sala la oposición revirtió esa decisión con votos de diputados de RN.

El otro caso fue una moción de oposición que busca restringir el descuento del seguro de cesantía en caso de despido por necesidades de la empresa. En esa votación también apareció un respaldo clave desde el oficialismo: el del diputado UDI Cristóbal Martínez.

El clima se repite en otras sesiones

La tensión no se limitó a la discusión presupuestaria. En la sesión especial de la Cámara de Diputados del 28 de octubre, que revisó los decretos de rebaja de condenas, hubo aplausos, abucheos, emplazamientos cruzados y carteles tanto en las tribunas como en manos de los parlamentarios.

Gloria Naveillán calificó ese escenario como “un espectáculo de gritos” y cuestionó que no se hiciera respetar el orden durante la intervención de un ministro de Estado. Esa misma jornada, la Comisión de Constitución del Senado cerró su sesión en medio de un nuevo enfrentamiento.

Arturo Squella intentó forzar una definición sobre la agenda legislativa y aludió al compromiso de Vlado Mirosevic de no bloquear la tramitación. Paulina Vodanovic criticó lo que llamó un ánimo beligerante, mientras Squella advirtió que el reglamento contempla sanciones si no se cumplen las urgencias del Ejecutivo. Mirosevic cerró el intercambio pidiendo fair play.