ORANJESTAD — Casi diez meses después de la muerte de un hombre con problemas de salud mental durante una intervención policial el 27 de enero de 2026, el Ministerio Público de Aruba decidió perseguir penalmente al agente implicado, identificado por sus iniciales R.W.A.R., bajo sospecha de homicidio.
La decisión abre una nueva fase en un caso que desde el principio levantó dudas sobre el uso de la fuerza policial en una situación vinculada a una crisis psiquiátrica.
La imputación llega casi diez meses después
Según la versión policial de entonces, el hombre estaba agresivo y armado con un machete. Sin embargo, relatos atribuidos a personas cercanas a la víctima presentaron otra imagen: la de un paciente asustado y con un cuchillo de cocina. Ese contraste formó parte de las preguntas que rodearon el caso desde el inicio.
Un día después del hecho, Noticiacla publicó un análisis en el que cuestionó si el arma reglamentaria era necesaria y proporcional, o si pudo evitarse un desenlace fatal. También planteó dudas sobre las circunstancias previas a la intervención, el papel del centro Respaldo y del FACT-team, y si existían alternativas menos letales, como el uso de un taser, en casos de crisis mental.
