El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) solicitó formalmente una auditoría externa para investigar denuncias de corrupción y vicios procesales en el Circuito Judicial del estado La Guaira. La organización, que documentó testimonios de familiares de privados de libertad, señaló la existencia de cobros irregulares para evitar juicios, amedrentamiento y la manipulación de evidencias.
Los afectados denunciaron que, además de la extorsión, se les exige el pago de insumos de oficina —como resmas de papel, bolígrafos y repuestos de tinta— para tramitar expedientes. Asimismo, señalaron que funcionarios judiciales han negado el acceso a grabaciones de audiencias, dificultando el ejercicio de la defensa.
Crisis operativa tras el sismo
La actividad en el circuito judicial se ha visto severamente limitada tras los sismos registrados el pasado 24 de junio. Aunque la presidenta del circuito, Dayanhara González Seijo, ha habilitado espacios progresivamente, el horario laboral se ha reducido drásticamente, limitándose mayoritariamente a casos de flagrancia. Los familiares han solicitado la implementación de audiencias telemáticas para mitigar el retardo procesal que afecta a los detenidos.
Investigación y medidas urgentes
El OVP instó a la Fiscalía, a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio para el Servicio Penitenciario a iniciar investigaciones penales contra los jueces, fiscales y cuerpos de seguridad señalados en las denuncias. La ONG exigió que se restablezca el horario completo de atención o que, en su defecto, los procesos sean trasladados a Caracas para garantizar el debido proceso.
